Tras tres extensas jornadas en la que la Fiscalía expuso gran cantidad de material y evidencias, la jueza penal de Primera Instancia, Valeria Pedrana resolvió aceptar la acusación de la Fiscalía contra Ariel Cantero y otros 21 acusados de conformar una asociación ilícita dedicada a las balaceras, extorsiones, homicidios y otros delitos.
La magistrada entendió que se trata de «un grupo de gente que se organizó para imponerse violentamente sobre otro grupo en un determinado lugar«, «un grupo de personas con fácil acceso a armas de fuego«, muchos de ellos ya imputados y procesados en otras causa, incluso algunos con condena, por lo que argumentó que «presumir que si volvieron al barrio en el cual desempeñan su domino van a cumplir con alguna restricción no es algo lógico».
La jueza también señaló que, de no quedar detenidos, se comprometería a la Fiscalía y se pondría en riesgo el proceso, y remarcó la gravedad de los delitos que se les imputan, como el ataque a una escuela, por lo cual, las garantías ofrecidas por las defensas no logran garantizar que no haya peligros procesales.
Los imputados y los cargos
Los fiscales Valeria Haurigot, Franco Carbone y Gastón Ávila consideran al «Viejo» Cantero, su mujer, Rosa Montero, «Pandu» Aguirre y Marcos Vera como jefes de la banda, aunque según lo expuesto por la acusación Aguirre y Vera estarían un poco por debajo en la línea de mando.
El resto de los acusados de formar parte de la organización son Brenda Jackeline Barboza, Viviana Roxana Camejo, Jorge Manuel Barboza, Ailen Gisela Centurión, Jonatan Adrián Sánchez, Marcela Carolina Irma Aguirre, Esteban Rubén Stoppani, Ester Teresa Fuente, Romina Alejandra Berón, Jesica Andrea Berón, Oscar Ruben Malagueño, Nazareno Uriel Gauna, Sebastián Fernando Gómez, Leonardo Enrique Puchetta, Angel Gabriel Villaruel y Yair Agustín Vera.
Las únicas que no fueron consideradas parte de la asociación ilícita fueron Patricia Celestina Contreras y Cintia Macarena B.. sobre quienes pesa la acusación de intimidación pública.
Entre los delitos que se les achacan se cuenta las balaceras contra dos estaciones de servicio, una ubicada en San Martín y Saavedra y otra en Ovidio Lagos al 4900, las balaceras a las escuelas Santa Isabel de Hungría y Crisol, ocurridas el día 14 de noviembre pasado, en plena jornada electoral.
Además «Pandu», Nazareno Gauna y Brenda Barboza les achacaron los delitos de tentativa de homicidio calificado por promesa remuneratoria, por una balacera ocurrida en Cerillos al 3800. Allí habría un punto de ventas de drogas perteneciente a Marilú, una mujer que le debía dinero al Viejo, y el objeto era matar a alguien que estuviera comprando estupefacientes allí para enviar un mensaje a Marilú. En ese ataque a balazos resultó herido un joven que perdió un riñón.
Otros de los cargos que se les imputan a Ariel Cantero y su mujer, Rosa Montero son administración fraudulenta y maltrato animal. Administración fraudulenta por los 8 mil kilos de alimentos y las 137 cajas de alimentos del plan Cuidar, que fueron halladas en la casa del Viejo, en Boulevard Avellaneda al 4500. En cuanto al maltrato animal se investigan las actividades que llevaban a cabo con los animales secuestrados en esa misma casa y la organización de cinchadas, de las cuales hay material filmado.
Las declaraciones de los fiscales
Tras la imputación, validada este viernes por la jueza Pedrana, los fiscales que participan de la investigación Valeria Haurigot y Franco Carbone, brindaron detalles sobre el desarrollo de la causa en rueda de prensa.
Haurigot dijo que hay que destacar que fueron 25 horas de audiencia solamente para hacer una imputación de delitos. «Esto de alguna manera refiere la complejidad de la investigación y cómo se desarrollan los debates en el sistema de audiencias orales en la Justicia Provincial de Rosario y que de garantiza que se ventilen todos los planteos de las partes».
También señaló que la «jueza analizó detalladamente lo que presentó la Fiscalía, también lo que planteó la Defensa y resolvió disponer la prisión preventiva de todas y todos los imputados por el plazo de ley (dos años) , con posibilidad de revisión, obviamente, a los 90 días, como también ante cualquier circunstancia nueva que pudiera cambiar el cuadro probatorio».
En cuanto a los delitos admitidos por la jueza, el fiscal Franco Carbone dijo que «son los de asociación ilícita para la mayor parte de los imputados, es decir, 22 personas, además un hecho de extorsión consumado y administración infiel para los jefes de la asociación ilícita (Cantero y Montero) además se les imputó delitos con respecto a la ley Sarmiento cuatro hechos de maltrato animal y encubrimiento».
«Aparte del grupo de la asociación ilícita, –agregó Carbone– a Patricia Celestina Contreras se le atribuyen cuatro hechos de intimidación pública que nosotros hemos referido el año pasado en el mes de noviembre: dos balaceras a estaciones de servicio y a dos escuelas en particular«.
Al ser consultado por la convalidación de la jueza en Primera Instancia, Carbone respondió: «Convalida porque, a rigor de verdad, el bien jurídico que protege y donde se reprime la asociación ilícita es el orden público, que es la tranquilidad de la que debemos gozar todas las personas que estamos en una sociedad».
Y agregó: «Hemos probado, concretamente, que las zonas de influencia de estas personas van desde barrio Triángulo hasta zona sudoeste, otros barrios como Tablada o villa La Lata y a otras localidades de la provincia como Villa Constitución, sin perjuicio de que demás hay riesgos procesales en cuanto al entorpecimiento de la investigación en particular conforme a cada uno de los delitos atribuidos».
Cajas, planes y un incendio que se investiga
Respecto de las cajas del Plan Cuidar que se encontraron una de las viviendas allanadas, Haurigot dijo: «Entiendo que es algo que genera un gran interés para la sociedad. Tengo que remitirme necesariamente a las 25 horas de audiencia que llevamos, se fue acopiando información que ha llegado a la oficina, hemos tomado medidas, está la doctora Paola Aguirre también interviniendo en la cuestión del incendio de Desarrollo Social que podría llegar eventualmente a tener impacto en el hallazgo de las cajas el cual fue un elemento con el cual nos chocamos. La jueza lo dijo varias veces en la resolución y nosotros también cuando hicimos nuestras peticiones, en el momento de realizar la diligencia nos encontramos con esta situación y es nuestro deber investigarlo».
Sobre la vinculación del incendio este domingo en la oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario, la fiscal consideró que «es muy pronto para sacar conclusiones porque nos quedamos en la sala de audiencia durante todo este tiempo y van pasando cosas que no llegamos todavía a analizar, pero sí contamos con el respaldo institucional para llevar adelante estas investigaciones».
«Hay varias fiscales que están volcando todas las investigaciones en algo que es macro porque esto creo que es un punto de inflexión junto con otras causas de este tipo de características», concluyó.
