MIéRCOLES, 17 DE JUN.

Quedaron presos los policías que rociaron con alcohol y prendieron fuego a un hombre en un operativo

Los diez agentes fueron llevados a audiencia imputativa este martes donde se los acusó por tentativa de homicidio. El caso ocurrió el 27 de mayo de 2024 en Larrechea al 1900. La víctima quedó gravemente herida pero sobrevivió y logró contar lo sucedido.

 

Diez policías de la Policía de Acción Táctica fueron imputados este martes por la mañana en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Pablo Socca los acusó de haber rociado con alcohol y prendido fuego a un hombre de 42 años durante un presunto operativo irregular llevado a cabo el 27 de mayo de 2024 en el barrio Parque Casas. La víctima sufrió lesiones gravísimas pero sobrevivió y pudo contar la verdad de los sucedido.

Los acusados fueron David Pedro Z., Omar Lorenzo C., Maximiliano O., Juan José Feliciano G., Jesús Ángel B., Maximiliano Nicolás Cu., Germán Alexis N., Isaías Esteban B., Estela Ailén B. y María Eugenia N.

Nueve de los diez uniformados fueron aprehendidos este viernes. El que faltaba, ya estaba preso en Marcos Paz- por haber allanado ilegalmente en agosto de 2024 a un hombre en su casa de Forest al 5600, a quien picanearon y robaron.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el 27 de mayo del 2024 durante el mediodía, en Larrechea al 1900 a los Suboficiales David Z., Omar C., Juan Jose G, Maximiliano O., Jesús B., y Maximiliano C., todos numerarios de la Policía de Acción Táctica (PAT) pertenecientes a la Policía de Santa Fe, en el marco de un procedimiento de flagrancia con aprehendidos y secuestro de estupefacientes (cocaína) en el interior de una vivienda intentaron asesinar a un hombre reduciéndolo en el piso, aprovechando su total estado de indefensión.

En las actas del procedimiento se enmarcaba en la supuesta persecución de un grupo de sospechosos que ocultaban una mochila, ingresaron al domicilio ubicado en Larrechea al 1900, y en ese momento, la víctima trató de incinerar dicha mochila y se prendió fuego por accidente. Pero el peritaje de los Bomberos Zapadores concluyó que la mochila secuestrada no presentaba ningún daño ni quemaduras atribuibles a un proceso de combustión.

El hombre sufrió quemaduras en cara, cuello, brazos, tórax y manos. Para intentar apagar las llamas, corrió por toda la casa e incluso se tiró encima el agua que había en el inodoro. Las quemaduras sufridas lo mantuvo 40 días en terapia intensiva, en estado crítico, intubado. Si bien logró sobrevivier, tuvo pérdida irreversible de la voz por la afectación en cuerdas vocales y alteración respiratoria permanente. 

El fiscalo Socca señaló a David Z. como responsable de haberle tirado el alcohol e iniciar las llamas con su encendedor. Tras el ataque, el mismo efectivo y Omar C., amenazaron a los otros tres detenidos y a los testigos, afirmando: «Yo soy policía y hago lo que quiero. Ustedes acuérdense lo que va a decir. Tienen que decir que él se prendió fuego porque ya sé dónde viven”.

La participación de O.C., J.J.G. M.O., J.B. y M.C , consistió en contener y asegurar el perímetro de la vivienda y neutralizar cualquier posibilidad de defensa o auxilio por parte de los demás aprehendidos o terceras personas y garantizar el éxito de la agresión.

Del mismo modo, todos los uniformados insertaron información falsa en el acta de procedimiento sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar asegurando que la víctima se había incendiado accidentalmente.

Mientras tanto, el Suboficial D.Z. y el Suboficial O.C amenazaban de muerte a los otros 3 aprehendidos mientras se disponían a trasladar el procedimiento a Microtráfico.

Por último, se acusó a G.N., Suboficial I.B. y la Suboficial E.B. -los cuales arribaron posteriormente al lugar haber tomado conocimiento de lo ocurrido- por no denunciar las conductas delictivas que sus compañeros, además de realizar todo tipo de maniobras para lograr el ocultamiento de lo que había ocurrido, incumpliendo a su vez sus deberes a cargo como funcionarios públicos.

Todos quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley –salvo María Eugenia N., que quedó en domiciliaria hasta mediados de agosto–, según la resolución del juez Rafael Coria.

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