Llegando al cierre del 2018, la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe no logran despegarse de una ola de violencia cada vez más abrumadora. A pesar de los discursos triunfalistas sobre la desarticulación de bandas delictivas y de una supuesta baja en los índices de inseguridad, la violencia no da tregua en medio de un clima de agobio por los ataques armados al Poder Judicial y una tasa de homicidios que volvió a crecer a niveles que se decían superados.
En ese contexto, este miércoles los diputados Carlos Del Frade y Héctor Cavallero junto a la ex vicegobernadora de Santa Fe, María Eugenia Bielsa brindaron una conferencia de prensa para hablar sobre la violencia, inseguridad y narcotráfico. Los tres coincidieron en apuntar contra las complicidades del poder político y los bolsones de corrupción policial que no se ha podido desactivar y que, con el correr de los años, parecen afianzarse para seguir creciendo.
Complicidades políticas
Carlos Del Frade recordó que «de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, el desarrollo de la cocaína en la Argentina ha aumentado en los últimos tres años un 87%. El desarrollo de la metanfetamina un 2200%. Y el desarrollo del LSD ha aumentado un 200%.
Y retomando el hilo de las complicidades policiales y políticas, trajo al presente las causas Ajo Blanco, Carbón Blanco y Narcoarroz, en las cuales salieron más de dos toneladas de cocaína de la ciudad de Rosario y «no hubo una sola explicación, ni una sola palabra ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial ni del municipal».
El diputado del Frente Social y Popular también se refirió a Ana Viglione, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos de Santa Fe, luego del escándalo del jefe de policía Hugo Tognoli. «Viglione, procesada por falso testimonio (en el marco de la causa Los Monos), hoy es formadora de los policías de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué fue procesada? Porque un empleado de ella había escrito a través de sus correos electrónicos, entre otras cosas, como un oficial de Drogas Peligrosas en aquel momento y hoy segundo jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, el comisario Javier Makhat, localizaba inmuebles de Funes para dárselo a los Cantero», rememoró Del Frade. Y remarcó: «Cinco años atrás, enero y febrero de 2013. Hoy, cinco años después el señor Makhat trabaja para un hombre peligrosísimo como es Esteban Lindor Alvarado al que denunciábamos en soledad en febrero de 2013 como el que manejaba la distribución de la cocaína en el centro y norte de Rosario. Entonces, hay que ver todo esto para ver las responsabilidades políticas, porque el reciclaje de esos policías lo hace el poder político que gobierna la provincia de Santa Fe».
Y sobre complicidades también señaló: «Luis Paz, Esteban Alvarado… tienen muchas empresas. Paz entre tres y cinco, Alvarado seis empresas. Camiones. ¿Quién les dio la habilitación? ¿Quién se las renovó? Esas son complicidades políticas».
La capital del lavado del interior del país
En la línea de las connivencias y responsabilidades, Cavallero afirmó: «Aquí fallan los tres niveles del Estado. El Estado municipal, el provincial y el nacional». Y no dudó en calificar a la ciudad de Rosario como «la capital del lavado de dinero del interior del país». «Acá vienen a lavar dinero del norte de la provincia de Santa Fe, del sudeste de Córdoba, de Entre Ríos. Hay muertos que lo atestiguan, como el gerente de jugos Baggio, que fue asesinado en Santa Fe y Caferatta después de haber salido de una financiera en el centro. O Walter Serra , también asesinado al salir de una financiera». «A nadie le llaman la atención las balaceras a gente que no puede justificar el dinero que tenían encima cuando eso ocurrió».
«Si algo se aprende es que el crimen organizado y el narcotráfico no puede existir sin tres componentes: el político, el judicial y las fuerzas de seguridad», afirmó el ex intendente rosarino.
«Es la municipalidad la que habilita o clausura negocios y empresas», señaló el diputado provincial. «Debería hacerse un relevamiento de todo lo que existe y funciona en la ciudad de Rosario que podría relacionarse con el crimen organizado. Habría que controlar manzana por manzana, en cada distrito, qué desarmadero hay, qué chatarrería, galpón o pensión trucha hay. Tienen que hacer un relevamiento y trabajar codo a codo con la Justicia Federal o Provincial».
Además, Héctor Cavallero apuntó al Ministerio de Seguridad por las filtraciones. «Esto es así. Hay filtraciones y los que vamos a denunciar no tenemos las garantías suficientes de que no se sepa qué y quienes denunciaron».
«Hay bolsones de policía corrupta y eso no se soluciona con la ministra Patricia Bullrich viniendo a cada rato para decirnos que se están muriendo los carteles de la droga cuando están más vivos que nunca. Lo que debería hacer es dotar a la Justicia federal de mayor cantidad de jueces, de fiscales, de inteligencia criminal para evitar todo esto. La inteligencia criminal es lo que se adelanta para evitar el delito, no solo para prevenirlo o disuadirlo, acá estamos corriendo detrás de los crímenes».
En cuanto a las injerencias políticas sobre el Poder Judicial, Héctor Cavallero habló sobre lo ocurrido con los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, una causa que generó un gran revuelo en la provincia de Santa Fe. «Los dos estaban investigando tres casos gravísimos de corrupción policial. Uno en la ciudad de Santa Fe, conocidos como Corral Papers, la causa de horas Ospe que son las horas extras de la policía, la investigación judicial estaba hecha y aparecía el nombre de Cristian Rodríguez, que en lugar de sancionarlo, lo nombraron jefe de la Unidad Regional de Rafaela y la tercera era sobre la facturación de reparaciones a unidades policiales que se cobraban y no se hacían en la Unidad Regional I», detalló.
Y prosiguió: «Estaba intervenido el teléfono del comisario de Rafaela y en el medio se produce una cosa vergonzosa con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Yo escuché la cinta… Decía: ‘Papito ¿como andás? ¿Como te presentaste al concurso? ¿Con qué seudónimo?’ Y cuando el otro se lo dice, Pullaro le informa: ‘Bueno, saliste 11º, pero vos vas a entrar’. ‘¿Cómo voy entrar?’ . Y Pullaro le dice: ‘Papito, el presidente del Tribunal soy yo. Por eso vas a entrar’. Y de 11º pasó a 2º» señaló el diputado. Y se preguntó: ¿Qué mensaje les damos a la sociedad si a los que investigan la corrupción los terminan echando? A estos dos fiscales habría que levantarles un monumento».
Enfrentamientos entre bandas
En la conferencia no faltaron además las referencias a Luis Medina y el rol de algunos funcionarios políticos durante una investigación que estuvo al borde de la vergüenza.
María Eugenia Bielsa recordó que a la escena del crimen «llegó primero el Poder Ejecutivo y abrió la computadora de Medina». «¿Qué tiene uno en su computadora? Tiene correos, que son privados y pueden comprometer a alguien. Y lo hicieron sin orden judicial».
La otrora gobernadora santafesina repasó algunos hechos del 2011 y 2012 que consideró como momentos bisagra porque pusieron en evidencia las complicidades policiales y políticas con la narcocriminalidad.
«El poder político tiene que dar una explicación de lo que viene sucediendo y no la ha dado”, señaló. «Nadie puede decir que no se sabía, que no se dijo, no se advirtió, que no se los convocó y sin embargo, 10 años después, no ha habido respuestas».
Bielsa recordó tres hechos puntuales de esos años. En primer lugar, la masacre de Villa Moreno. «Ese hecho puso en evidencia las connivencias entre el poder político, la policía y el narcotráfico. Sólo basta recordar la inacción del personal policial que estaba a cargo de la guardia del Clemente Álvarez el 1º de enero de 2012. En esa madrugada no hubo en el registro de ingreso al hospital ni una posterior denuncia en la fuerza policial del herido que se llamó Maximiliano «Quemadito» Rodríguez. También se lo preguntamos al ministro Lamberto por qué no estaba registrado en el libro del hospital el ingreso y nunca tuvimos una repuesta».
La arquitecta se refirió luego al crimen mafioso del sargento de policía Carlos Omar Honores. «Creo que nunca fue analizado como una de las primeras expresiones de la interna policial vinculada a los delitos que están ligados a la comercialización de drogas. Fue asesinado a balazos y la camioneta Toyota Hilux que manejaba robada e incendiada en Cabin 9, con dos armas en el interior. Nunca se develaron los resultados de la investigación que llevaba a cabo la dirección provincial de Asuntos Internos y nunca supimos los resultados. Por eso decimos que es importante que el poder político nos informe lo que pasa y ha pasado con distintos hechos».
El tercer hecho al que se refirió María Eugenia Bielsa es un dato que puede haber pasado desapercibido pero de no poca gravedad. «En el año 2012, la Legislatura de la provincia de Santa Fe votó la ley de Emergencia en Seguridad. Ese año, el gobernador Antonio Bonfatti inventó un neologismo que yo no conocía antes, que es el veto propositivo. Normalmente la Legislatura legisla y después la ley va al Ejecutivo para vetarla o promulgarla. Pero el entonces gobernador creó el veto propositivo y mandó una corrección de la ley, o sea, legisló desde el Ejecutivo y le dijo a la Legislatura que lo apruebe. Con ese instrumento modificó el artículo segundo y habilitó al Poder Ejecutivo a nombrar en el cargo de Jefe de Policía a agentes que estén procesados por alguna causa de enriquecimiento ilícito. Esto es una clara expresión de querer proteger a la mala policía».
La ex vicegobernadora también ser refirió con irritación a la repetida explicación policial y judicial conocida como «enfrentamiento entre bandas». «Creo que los rosarinos y santafesinos tenemos que negarnos a seguir aceptando, que nos digan que todos los problemas que hay en la provincia son enfrentamientos entre bandas. Esa expresión tiene que ser desterrada del vocabulario del periodismo, de la política, de los rosarinos, de los santafesinos y de los argentinos. El enfrentamiento entre bandas es responsabilidad exclusiva del poder Ejecutivo y del Poder Judicial porque las bandas no deben existir. Que no nos expliquen como hacen todas las mañanas, que hubo un enfrentamiento entre bandas, porque eso quiere decir que en el territorio no se actúa como se debe actuar. Si uno dice «hay un enfrentamiento entre bandas» está diciendo «no me hago responsable de lo que está pasando». Entonces ¿quién se hace responsable de los rosarinos, quién se hace cargo que una noche un chico resulte baleado porque hubo un «ataque entre bandas»?.
