Personal del Organismo de Investigaciones allanó las oficinas del Ministerio de Seguridad provincial, tanto en Rosario como en Santa Fe, en el marco de una causa por espionaje ilegal durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain. El actual ministro de Seguridad Jorge Lagna se hizo presente en el lugar.

El operativo en Rosario se realizó en la sede de la cartera ubicada en el edificio de Gobernación, ubicado en Santa Fe y Moreno, e intervinieron al menos seis agentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La investigación es llevada adelante por los fiscales de Delitos Complejos de Santa Fe, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

Durante el allanamiento se buscó documentación y se tomó posesión -según las primeras versiones– del celular al secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, entre otros artefactos electrónicos como impresoras, computadores y más teléfonos móviles.

Fuentes de la cartera provincial revelaron a Conclusión que parte del funcionariado que trabaja en la sede local del Ejecutivo santafesino estuvo incomunicado por algunas horas y «desconocen» cuál es su futuro dentro del organigrama público.

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Tras el procedimiento, el fiscal Hernández manifestó que “no se trató de allanamientos” técnicamente, pero sí fue un operativo en el que se extrajo documentación necesaria en el marco de dos investigaciones: una referida a la licitación para la compra de armas y otra por espionaje ilegal, causa que definió como “acumular información de personas fuera de las previsiones legales”.

Fiscales Jiménez y Hernández

“Se están investigando las causas, por eso vinimos a secuestrar y solicitar documentación, que nos han aportado”, señaló el fiscal. “El procedimiento fue normal”, amplió.

 

Consultado puntualmente sobre si le secuestraron el celular a Llumá, el fiscal confirmó la información: «Hubo secuestro de dispositivos de celulares a diversos funcionarios. No tengo el detalle de cuántos celulares fueron secuestrados».

Por otra parte, indicó que los integrantes del Ministerio presentes se encontraron incomunicados durante el proceso, ya que “al actuar como testigos los empleados de las oficinas solicitamos que no se comuniquen con el exterior”.