El jefe de la cartera de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, tomó la decisión de descabezar a la Dirección Departamental de Investigacines (DDI) de Quilmes por presunta colaboración con los prófugos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci.
La decisión fue tomada dado que los vínculos policiales de los Lanatta y la red de complicidades en la zona Sur serían clave para explicar la falta de resultados en la búsqueda, a una semana de la fuga perpetrada en el penal de máxima seguridad de General Alvear.
Fuentes de la investigación confirmaron que el ministro Ritondo puso en funciones al fretne de la delegación de Quilmes, a Daniel Cantarini, que viene de la DDI de La Plata, luego de comprobarse fallas en los operativos de rastrillaje de los evadidos y posibles comunicaciones de uniformados de esa Departamental con gente cercana a los delincuentes prófugos.
Según indicaron los portavoces, en varias oportunidades, hubo sospechas de que los condenados podrían estar siendo protegidos y recibiendo ayuda e información clave sobre el operativo de búsqueda.
Las autoridades bonaerenses, con el correr de los días, apuntaron contra las cabezas a cargo de los allanamientos y rastrillajes de los evadidos: las conexiones y los presuntos vasos comunicantes entre cierto sector de la Bonaerense y los prófugos seguirían activos.
Desde el gobierno bonaerense habían consignado dudas sobre el accionar de la Policía Bonaerense y relacionó la escasez de resultados concretos ya que los prófugos «tienen muchos contactos y muchos favores y se entremezcla mucho la política».
