El abogado Jorge Alfonso, quien el viernes había asumido la defensa de los seis acusados, se quedó solo con la representación de Tomás Fabián Domínguez, de 21 años, quien fue detenido cuando estaba sentado en la vereda, a pocos metros del automóvil en el que la víctima se encontraba junto a cuatro de los acusados.

Franco Jesús Lykan, otro de los imputados, también tiene defensor particular, en tanto que los otros cuatros, Ángel Pascual Ramos, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Ignacio Retondo y Steven Alexis Cuzzoni, volvieron a tener defensores oficiales.

El abogado Alfonso pidió hoy la excarcelación de su defendido argumentando que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, y que se trata de una persona sin antecedentes penales, por lo que a su entender debe transitar el proceso en libertad.

La división de las defensas parece responder al surgimiento de «intereses contrapuestos», por cuando los abogados particulares comenzaron a cuestionar el grado de participación de cada uno de los imputados en los hechos.

Para ello, reclamaron al juez Marcos Fernández que no defina la situación procesal de los acusados hasta tanto no estén listas las pruebas de ADN, porque –entienden- de ellas se podrá determinar qué hizo cada uno de los detenidos.

«Si el ADN determina los roles de cada uno, no se le puede imputar a los seis la coautoría o la participación necesaria, así como así. No hay tantos elementos de prueba para acreditar con un grado de certeza el tipo penal que se le imputa a cada uno», argumentó Alfonso.

«Hay cuatro que están situados adentro del auto. Lo que va a determinar qué ocurrió allí es el ADN. No se puede involucrar a los que están afuera», insistió, al esbozar una idea de segmentación de las responsabilidades en la cual podrían establecerse autorías, coautorías y participación necesaria (todos con la misma pena en expectativa) pero también partícipes secundarios y, eventualmente, ajenos a los hechos.

Alfonso también deslizó la posibilidad de que el delito finalmente imputado pudiera ser el de «abuso sexual simple», que tiene una pena prevista en el Código Penal de seis meses a cuatro años de prisión.

El abogado confirmó que en los exámenes histopatológicos realizados a la víctima fueron hallados restos de «alcohol, anfetaminas y marihuana», pero aseguró que no se pudo probar hasta ahora que le hubiera sido suministrada por los acusados con el objetivo de quebrar su voluntad.