Distintas organizaciones de la ciudad se manifestaron este martes frente a las puertas de los Tribunales provinciales de Rosario para encabezar la «1° movilización en Argentina para prevenir femicidios». Los manifestantes exigieron mayor celeridad en la entrega de botones de pánico y un accionar estatal acorde a las necesidades de las mujeres que sufren violencia de género.

«En esta convocatoria se está solicitando que el Estado, y en particular la Justicia, actúe previniendo la consecuencia final de la violencia de género, que es la agresión física sobre la mujer que todos los días termina en un hecho de femicidio», indicó a Conclusión el abogado Nahuel Jane, participe de la protesta frente a Tribunales.

Según puntualizó, la demanda central de la manifestación estuvo ligada a que los actores judiciales «dicten los procesamientos de estos sujetos que diariamente están violando las restricciones de acercamiento y a diario continúan hostigando a las mujeres. Entendemos que esto es lo que habilita que esta espiral de violencia vaya creciendo y aumentando para terminar finalmente en la muerte».

Melisa como ejemplo

Melisa Gudiño viene denunciando que sufre violencia de género desde noviembre del año pasado. El último 18 de junio denunció en el MPA la situación y la fiscal María Teresa Granato tomó su caso. Su situación de acoso permanente y amenazas se hizo viral en redes sociales y más de 120 mil personas se solidarizaron y compartieron las publicaciones.

Aun así, la Justicia demoró un mes y medio en entregarle el botón de pánico. «Esto es la muestra fiel de que no existe prevención de femicidios. Fue gracias al apoyo de instituciones de la sociedad civil y de un inicio de mediatización del caso, que se dignaron a entregarle un botón de pánico», indicaron los manifestantes.

Al ser consultado por la velocidad con la que una mujer accede a un botón de pánico ante hechos de violencia, Jane advirtió que el factor mediático y el accionar militante que expone la inacción estatal son factores determinantes.

«Si es una movida pública como esta, el botón de pánico es otorgado más rápido, tal vez en horas. Si no lo es, la entrega tarda muchísimo más, porque si no es visible socialmente al Poder Judicial no le interesa», manifestó.

Asimismo, el abogado señaló que Melisa continúa siendo hostigada y agredida, ya que la persona denunciada viola constantemente la prohibición de acercamiento.

«La sigue hostigando y la llama constantemente, también se presenta a diario en su domicilio. Notamos que la Justicia, con todos estos indicios, pruebas y testigos, no está haciendo nada», contó.

Reclamos y propuestas

Los distintos sectores presentes frente a Tribunales plantearon, por un lado, que los botones de pánico tienen que ser entregados de inmediato ante la situación de indefensión de la mujer, ya que «es la única herramienta que tiene», pero también advirtieron que «el botón va a servir de poco si al apretarlo ese sujeto sigue ingresando reiteradas veces al ámbito de restricción». 

Otra de las demandas está dirigida al Poder Legislativo: «Venimos a reclamar también a nuestros legisladores que modifiquen el Código Penal y que determinen como delito autónomo la violencia de género y todas sus formas tengan consecuencias», indicó Jane.

Para este punto, el abogado detalló que las consecuencias tienen que ser «penales sancionatorias» pero también deben contemplar «la obligación de que estos sujetos, en forma coactiva, realicen la debida rehabilitación social» y así puedan «reinsertarse a la sociedad dejando de ser personas violentas y agresivas».