Abogados sobre la reforma de seguridad en Santa Fe: «Es un proyecto abusivo de los derechos ciudadanos»

José Nanni expuso la semana pasada en la Legislatura provincial como representante de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario la posición de la organización en relación a las reformas que plantea el Gobierno de Maximiliano Pullaro en materia de seguridad, a modo de segunda olea de cambios en materia procesal y policial. El mensaje del Ejecutivo contempla temas controvertidos como la ampliación de los supuestos por los cuales las fuerzas de seguridad pueden allanar un domicilio sin autorización judicial; la toma de declaración sin presencia de abogado defensor; y la ampliación de la facultad para demorar personas hasta 48 horas por averiguación de identidad, entre otras. “Es un proyecto sumamente abusivo en cuanto a los derechos de todos los ciudadanos. Le otorga exorbitantes facultades a la policía y a los fiscales”, dijo en diñalogo con Conclusión.

Desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario explicaron que fueron varios los planteos que realizaron en relación al proyecto ya que, manifestaron en forma contundente, la iniciativa atenta contra varias garantías constitucionales.

“Nosotros entendemos que el proyecto enviado por el Ejecutivo atenta contra numerosas garantías constitucionales y atenta también contra la división de poderes”, señaló el titular de la entidad en diálogo con Conclusión. Y prosiguió: “Creemos que es un proyecto sumamente abusivo en cuanto a los derechos de todos los ciudadanos. Le otorga exorbitantes facultades a la policía, al Ministerio Público de la Acusación, a los fiscales”.

Nanni remarcó que el proyecto oficial “elimina prácticamente el control de determinados actos jurídicos, como el control jurisdiccional, la figura del juez, que es quien debe velar por el control de la legalidad de estos actos” durante un proceso.

El titular de la AAP detalló que, en ese sentido, “peticionamos que tanto la comisión de Seguridad Pública como la comisión de Asuntos Constitucionales que están tratando y analizando este tema para luego pasar al recinto a votación, nos escuchen. Aceptaron el pedido, y hay que agradecer a los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe que accedieron al mismo. Expusimos nuestras ideas y creemos que nos han escuchado”.

En igual sentido escucharon a otras organizaciones, colegios de abogados, incluso a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y hay cierta coincidencia en la mayoría de las organizaciones y entidades que pasaron por la Legislatura en hacer ese tipo de críticas.

¿Pérdida de derechos y garantías?

“Hay que tener en cuenta que se trata de un proyecto bastante amplio y complejo para explicar. Pero, a grandes rasgos, se destacan algunos puntos que generan dudas y polémicas de todo tipo”, dijo el abogado.

Según explicó, uno de los puntos más controversiales tiene que ver con los registros domiciliarios sin órdenes de allanamiento. “La mayoría de los códigos procesales establecen cuatro o cinco supuestos de excepcionalidad al ingreso del personal policial a una vivienda. Y el proyecto que se está por votar pasa de cuatro a nueve supuestos”.

“Por otro lado -continuó el letrado- aparece la posibilidad de que te interroguen sin la presencia de un abogado defensor, que el Ministerio de Seguridad establezca restricciones en determinados barrios que ellos consideran con altos índices de conflictividad, no dependiendo del contralor judicial, no dependiendo del contralor de un fiscal”.

En cuanto a esto, Nanni señala que podría llamárselo como un “mini-estado de sitio en un barrio”, que permitiría “parar ciudadanos, interrogarlos, incluso ingresar a sus domicilios. Es realmente muy peligroso y es volver a épocas nefastas de nuestro país que creíamos que habían sido superadas”. Puntualmente, a la última dictadura cívico-militar.

Lo que el abogado enfatizó es que el proyecto “otorga facultades muy controvertidas”, como el “decreto fiscal, que es la posibilidad de que el fiscal elimine prácticamente el juicio,y con eso, de que tengas derecho de defensa”. El decreto fiscal es similar a una condena que dicta el propio acusador, y que luego puede ser revisada por un juez.

“El fiscal dice si nosotros te encontramos culpable de haber robado esta lapicera. Y te condena. Entonces vos la posibilidad que tenés es ir ante un juez y decir ‘no, me acaba de condenar el fiscal, quiero que se revise la condena por X motivo’”, explicó.

Por otro lado, también aparece “la posibilidad de decretar medidas cautelares sin el contralor de un juez, la posibilidad de allanar sin el control de un juez. (El proyecto) es bastante amplio y lo que vemos es que se centraliza todo el poder de persecución penal en dos grandes organismos: el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. El resto son satélites periféricos que, cuando haya necesidad, te llamamos para que vos controles. Esto no funciona así en ninguna parte del mundo”.

Teniendo en cuenta que el sistema actual, que ya lleva 12 años de aplicación, funciona poniendo la acusación por un lado, que es la Fiscalía, la investigación en el caso de la policía y el control jurisdiccional que se le dice que son los jueces que, básicamente, controlan que esos otros órganos hayan hecho las cosas de acuerdo a las normas, Nanni apunta que “lo que se pretende votar bajo un eslogan político de lucha contra el narcotráfico y las organizaciones delictivas, es la modificación de todas estas reglas”.

En ese sentido, señaló que esas reglas se modifican para “todos» los santafesinos. “Cuando vos tengas un accidente de tránsito y, lamentablemente, se muera el peatón que vos atropellás, por poner un ejemplo, esas mismas garantías, esas mismas reglas se te van a aplicar a vos”, ejemplificó. “Cuando el control pasa a ser de una sola persona, difícilmente esa misma persona que dice que esto es negro después diga es blanco”, graficó el abogado rosarino.

En referencia a eso, el titular de la AAP se remontó a la Revolución Francesa para explicar por qué se establecieron mecanismos de control cruzado, por distintos órganos del Estado, para que un poder no avance por sobre el otro. Lo que se conoce como división de poderes. “Este proyecto atenta contra la división de poderes. El proyecto como está enviado, no puede salir”, planteó.

Parece contradictorio

Otro tema que remarcó Nanni es que resulta “cuanto menos llamativo” que este proyecto se presente en medio de una narrativa del Gobierno que exhibe datos que revelan una reducción casi vertical de la tasa de homicidios y la disminución de otros delitos menos graves. ¿Por qué sería necesario avanzar sobre garantías constitucionales cuando el mismo Gobierno plantea que logró controlar “la calle y la cárcel” y bajar las estadísticas criminales?

“Que estas medidas casi de excepción se apliquen cuando, justamente, parece estar más controlada la situación de la seguridad pública, es contradictorio. Porque si los índices delictivos ya vienen reduciéndose, si ya se hizo, por lo menos uno escucha el eslogan político que se tiene un pleno control de la calle, un pleno control de las unidades penitenciarias, se han reforzado los pabellones y la inteligencia penitenciaria, ¿cuál es la necesidad de implementar una medida de estas características y con la potencia que tiene este paquete de medidas cuando evidentemente el rumbo es otro?”, se preguntó.

“Entendemos en ese sentido que es contradictorio y es un absoluto desatino pretender una reforma con las características que se está pretendiendo realizar cuando la realidad supuestamente refleja lo contrario”, concluyó Nanni.