El interbloque de senadores nacionales del PJ constituirá la semana próxima la Comisión Bicameral Especial Investigadora de la desaparición y búsqueda del submarino ARA San Juan y apuesta a ponerla en manos de un fueguino.

Así lo anunció el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, quien señaló que «es perentorio» que la bicameral investigadora «comience a funcionar con el objeto de dar cuanto antes con la verdad de lo ocurrido».

«Desde nuestro bloque vamos a proponer que el presidente de esa comisión bicameral sea el senador José Ojeda, de la provincia de Tierra del Fuego, que es precisamente desde donde partió el ARA San Juan el 13 de noviembre de 2017», agregó Pichetto.

A pedido de los familiares de los 44 tripulantes del submarino, el Congreso aprobó a fines del año pasado una ley que dispuso la creación de esa comisión bicameral para investigar la desaparición, la búsqueda y las operaciones de rescate de la nave.

Días atrás legisladores del kirchnerismo y de otros espacios opositores reclamaron a las autoridades del Congreso que se conformara esa comisión, luego de mantener una reunión con Luis Tagliapetra, padre de uno de los tripulantes.

Los diputados Nilda Garré y Guillermo Carmona del FPV y sus pares del Senado Anabel Fernández Sagasti y Ana María Ianni encabezaron ese reclamo junto al diputado Alejandro Grandinetti del Frente Renovador y la senadora Magdalena Odarda del ARI.

La Comisión Bicameral Investigadora estará integrado por seis diputados y seis senadores designados por los presidentes de cada Cámara del Congreso, de acuerdo a la proporcionalidad de fuerzas.

El cuerpo tendrá por objeto «el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación» así como también el desarrollo de «las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate», indica la ley.

También designará un cuerpo de especialistas integrado por cinco miembros que serán militares retirados de la Armada Argentina sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a Contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en materia de defensa nacional.

Entre sus facultades estará la de solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas.
Podrá también ordenar la citación de funcionarios públicos, tomar declaraciones testimoniales y recibir toda manifestación verbal o escrita que le sea ofrecida sobre los hechos investigados.