La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por las eventuales derivaciones del llamado a indagatoria al periodista Daniel Santoro en la denominada causa D´Alessio. La entidad consideró que se trata de una decisión judicial que «afecta el secreto de las fuentes».

La entidad recordó que en la causa, a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se analizan «denuncias sobre escuchas telefónicas ilegales, extorsión y espionaje». «Una declaración indagatoria puede continuar con un procesamiento, embargo de bienes y hasta la detención del procesado», sostuvo ADEPA.

«Estas derivaciones configurarían una criminalización de la tarea periodística sin antecedentes desde el regreso de la democracia», agregó.

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En un comunicado, la entidad planteó que «lo que está en juego son derechos consagrados en nuestra Constitución, como el de preservar las fuentes, base central de la investigación periodística que consolida el presupuesto democrático de una ciudadanía informada». «Este derecho fue expresamente consagrado en la reforma constitucional de 1994», añadió ADEPA.

«El solo hecho de involucrar penalmente a un periodista en una causa criminal en la que un procesado actuaba como fuente se transforma en una amenaza que puede llevar a la autocensura del protagonista y del resto de sus colegas», insistió.

También dijo que «organizaciones internacionales y locales han manifestado que la decisión del juez Ramos Padilla implica criminalizar las entrevistas y el off the record».

«Condicionar el uso de herramientas esenciales para la labor periodística limita la posibilidad del periodismo de destapar, como lo ha hecho en la Argentina y en muchos otros lugares del mundo, oscuras tramas que afectan la vida pública», concluyó ADEPA en su comunicado.