Si bien la cobertura mediática del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dificulta conocer sus acciones, se pudo conocer que habría sido bastante común el incumplimiento de los fallos de la justicia.
En julio de 2019, la jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo presentado por los diputados de la Ciudad Myriam Bregman y Patricio del Corro, junto a docentes referentes de la Corriente Nacional 9 de Abril Lista Marrón, como Federico Puy y Alicia Navarro Palacios, y a familias del colectivo “Vacantes para todxs” en las escuelas públicas, un grupo de familiares autoconvocados que comenzó a fines de 2013 cuando se implementó por primera vez la inscripción online, cuya referente es Patricia Pines. El fallo le impuso una multa a la ministra de Educación, Soledad Acuña; también dejó en evidencia la mentira de las 54 escuelas nuevas que publicita el gobierno, ya que el fallo explica que son las mismas que viene «publicitando» hace más de 10 años.
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También acciones judiciales llevadas a cabo por la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) han logrado fallos favorables, como la iniciada en 2006 y con un convenio firmado en 2011 por el que el Gobierno de la Ciudad se comprometía a garantizar las vacantes en nivel inicial; sin embargo, la Asociación denunció que el gobierno nunca cumplió con lo acordado.
El 29 de agosto de 2022 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que no acataría el fallo del juez porteño Roberto Gallardo, que ordenó cesar inmediatamente con el operativo policial alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En mayo 2023, la ministra del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, durante la presentación de su libro de cara al 2023 recibió un anuncio que no fue noticia en la mayoría de los medios de comunicación. De su salario serían retenidos 15.000 pesos diarios por incumplir otro fallo judicial. El pasado 10 de mayo Tiempo informaba sobre la situación que ocurre en varias escuelas porteñas donde asisten estudiantes con discapacidad. Desde el año pasado la cartera que conduce la ministra Soledad Acuña, quitó el transporte escolar a este sector.
Esto se suma a la violación constante de fallos judiciales, que resuelven a favor de la comunidad educativa con discapacidad para que el Ministerio de Educación porteño recomponga los micros escolares. El pasado 3 de mayo, el juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 1, a cargo de Romina Tesone, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Educación que en el plazo de tres (3) días garantice el servicio de transporte escolar a todas las y los estudiantes con discapacidad que cursan sus estudios primarios en las escuelas de educación común y asisten a contraturno a la Escuela de Educación Especial Nro. 33 ‘Santa Cecilia’. Luego de haber pasado más de 10 días hábiles de esta orden judicial, el Juzgado N° 1 de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, impuso una multa diaria a Soledad Acuña, “de $15.000 por cada día de demora, sanción que se devengará automáticamente al vencimiento del plazo señalado”, marca la resolución judicial.
Hace poco menos de un mes se volvió a conocer otro incumplimiento de fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia, el periodista Martín Suarez de Tiempo Argentino publicaba que el 3 de diciembre de 2021, quedó firme la resolución que sentenció que Acuña no había cumplido la sentencia referente a brindar información sobre las vacantes escolares. El 20 de octubre de este año, quedó firme la liquidación. Ante la falta de respuesta, la justicia condenó a la ministra con una multa de 3 mil pesos por cada día que evite responder. Caso que llevó el abogado Barreyro.
No se encontraron declaraciones de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires alarmados por estos incumplimientos.
