Los integrantes del bloque de diputados del FPV-PJ ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa en Santa Fe donde expusieron los incumplimientos contractuales de las empresas que explotaban la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe y la falta de respuestas de los órganos de control del Gobierno Provincial ante reiterados pedidos de informe en la Cámara Baja, en medio de la polémica por la “rescisión por mutuo acuerdo” que llevó a cabo el Ejecutivo.

Los legisladores manifestaron que “la preocupación comenzó a inicios del  año 2016, como consecuencia de la  verificación de que la principal obligación en materia de obras de la concesionaria, que era repavimentar los 313 km de traza total, a punto de finalizar el período de 5 años previsto en el pliego para su cumplimiento, era de imposible cumplimiento en el plazo previsto”. “Dicha circunstancia finalmente se materializó -explicaron-, ya que apenas se concretaron en los 5 años de concesión, 75 kilómetros de repavimentación que representan el 24% de esa obligación. A valores de oferta de octubre de 2010 ajustados a diciembre de 2016, el monto de la obra no ejecutada alcanza a $1.554,8 millones de pesos”, sindicaron.

Preguntas sin respuesta

Los legisladores, en gran mayoría, no recibió respuesta alguna de parte de las autoridades. “Esta es una historia que empieza con un pliego, en 2009, que dio la concesión por decreto y no pasó por la Legislatura. Pero después construyó un camino que siguió con múltiples pedidos de informes que presentamos por todas las alarmas que se encendieron por el mal estado de la traza, con preguntas sobre las obras que se hicieron, por qué se dieron los aumentos y cuáles fueron los controles realizados”, expresó la diputada Silvia Simoncini.

Según el bloque, hubo otras cuestiones que afectaron el normal desarrollo de la concesión y el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, tales como “las dudas sobre los criterios utilizados en oportunidad de ajustarse los valores de la tarifa, la desobligación de tareas relativas al mantenimiento de los espacios verdes,  la adjudicación de obras no previstas en el pliego en forma directa, o la inseguridad vial que ha generado el deterioro de la carpeta asfáltica”.

Al respecto, Simoncini agregó: “Entre 2010 y 2015 la tarifa creció un 470%, mientras la inflación, el gasoil y los salarios crecieron como máximo un 210%. Por la autopista pasan 16 millones de autos por año, unos 46 mil vehículos por día. Sólo en el 2015 estos empresarios se llevaron entre 160 y 170 millones de pesos. Multipliquemos eso por los cinco años y veremos el nivel de ganancia que tuvieron. Cinco años, claro está, de riesgo de vida de la gente transitando por una ruta que está en un estado deplorable.”.

Para profundizar, la legisladora peronista explicó que “el 80% de la tarifa iba para la repavimentación. El 20% restante para obras complementarias, como luces, guardarrail, nudos, e ingresos. Pero con el argumento de que el peaje estaba desfasado, estas obras las terminó pagando la Provincia para que las hagan las mismas empresas concesionarias. El monto total que representan las obras no ejecutadas es a cifras de hoy más de 1.500 millones de pesos. ¿Por qué los santafesinos tenemos que poner todo ese dinero por obras que la empresa no hizo?”, se preguntó.

Pérdida millonaria

Como respuesta a la problemática, el Poder Ejecutivo dispuso finalmente una rescisión por mutuo acuerdo, cuando para los diputados del PJ “estaba acreditada la rescisión unilateral por parte de la Provincia por incumplimiento del contrato, la ejecución de la garantía correspondiente y la aplicación del régimen de sanciones que prevé la normativa vigente”. “La decisión adoptada resulta injustificada, lesiona en forma millonaria a los intereses de la provincia, y resulta totalmente  arbitraria e infundada, desconociendo no sólo el plexo normativo aplicable a la concesión, sino que además orienta su solución en sentido contrario a la opinión y advertencias hechas desde distintos espacios políticos”, se quejaron.

Por otra parte, sobre las fallas en el monitoreo del manejo de las concesionarias, Simoncini dijo que “puede ser que el Órgano de Control haya dicho poco y nada, pero no podemos decir que la responsabilidad política es de ellos. Hay una secuencia de «errores» u omisiones graves de los organismos de contralor que no se agotan en esa repartición. El Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Infraestructura son los verdaderos responsables de velar por el control”, indicó.

Pasos a seguir

Por todo lo antes mencionado, los representantes justicialistas definieron una serie de acciones a encarar en forma inmediata para abordar la situación denunciada. Las mismas incluyen requerir a los organismos encargados de controlar toda la documentación correspondiente al período de vigencia de la concesión; además de solicitar al Tribunal de Cuentas que se expida respecto de la legalidad del contrato de rescisión.

Luego de recibir esa información, advirtieron que instrumentarán los mecanismos “para declarar la nulidad de todo lo actuado, generar la rescisión del contrato por incumplimiento de la concesionaria, hacer efectiva la garantía prevista en el contrato, aplicar las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de la UTE que actuó como concesionaria, y deslindar las responsabilidades políticas y legales de las autoridades responsables del millonario perjuicio perpetrado en contra de los intereses de todos los santafesinos”.

Luego, solicitarán al Poder Ejecutivo “dejar sin efecto en forma inmediata el proceso de licitación encarado por la Provincia para entregar nuevamente el mantenimiento de la autopista a manos privadas”, y en cambio requerirán que la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad o de un ente a crearse al efecto, se haga cargo de la repavimentación, mejoramiento, mantenimiento y explotación de la autopista.