El juez federal Claudio Bonadio aseguró hoy que la decisión de reutilizar o no los materiales del Plan Qunita es una competencia exclusiva del Ministerio de Salud, hecho que va en dirección contraria con la decisión que tomó el mes pasado cuando dispuso la destrucción de las cunas y los sacos de dormir por considerarlos elementos «de riesgo».

El magistrado informó la decisión a través de un escrito que publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en el que respondió las distintas presentaciones que habían llegado a su juzgado cuando se dio a conocer la noticia de que había ordenado destruir parte de los kits e incluso que había dispuesto su quema.

Con críticas hacia los que lo cuestionaron, y en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la ejecución del plan en la que está procesado el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el magistrado aseguró que nunca ordenó «quemar» las cunas y que ese dato fue parte de una construcción mediática».

El juez Bonadio sostuvo, en un fallo emitido el 26 de agosto, «la reutilización con fines sociales de la totalidad de los elementos que integraban el kit -recordemos, más de cuarenta-, con la excepción de los dos que motivan» la mayoría de las presentaciones que cayeron en su despacho: las cunas y los sacos de dormir.

«¿Por qué se dispuso la destrucción de las cunas y los sacos de dormir? Obviamente que ello no fue caprichoso ni antojadizo, sino que se basó en elementos concretos y precisos glosados al expediente, que determinan su peligrosidad, y del que da cuenta el presente auto», sostuvo el magistrado y citó luego tres informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría.

«No es necesario ser ingeniero para advertir los riesgos que conllevan para un bebé recién nacido los bordes filosos, las aristas vivas, o entre otras cosas, un componente de la cinta que puede ser desmontado, cuyo tamaño es peligroso al alcance del bebé», remarcó Bonadio.

En otro pasaje del escrito de hoy, el juez sostuvo que el tribunal que encabeza «comparte sus preocupaciones respecto a la protección del medio ambiente y que es consciente que el método de la incineración es contaminante y anti-económico, razón por la cual nunca en el presente expediente se resolvió con que metodología se deberían destruir los elementos peligrosos identificados por los informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Sociedad Argentina de Pediatría».