El dirigente social Juan Grabois pidió la declaración indagatoria del titular de la empresa Caputo Hermanos, Flavio Caputo, a quien acusa de proveer de dinero a la agrupación de ultraderecha Revolución Federal «a sabiendas de que el mismo iba a ser utilizado con un fin ilícito».
Grabois, querellante en la causa que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, sostuvo que Caputo «ha proveído de dinero y bienes en forma directa e indirecta a la agrupación conocida popularmente como ‘Revolución Federal’ a sabiendas de que el mismo iba a ser utilizado con un fin ilícito».
Además, invocó sendos informes de la procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) y la Inspección General de Justicia para establecer quiénes más «proveen los fondos de los fideicomisos» constituidos por Caputo Hermanos presuntamente para la construcción de edificios en la zona de Vaca Muerta.
Grabois, a través de sus abogados, Rodolfo Yanzón y Yamil Castro Bianchi, reclamó también que «se determine situación jurídica de la propiedad de la carpintería» de la que era titular el fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel.
En ese contexto, advirtió sobre «posibles irregularidades en la explotación de un bien del Municipio de San Isidro», pues se trata –afirmó- de una propiedad sobre la que la administración comunal «habría iniciado en el año 2019 un proceso judicial de apremios por deudas fiscales».
En ese lugar funcionó anteriormente «un centro de jubilados subsidiado por el Municipio», por lo que Grabois pidió que «se requiera a la ANSES y al PAMI que se sirvan informar sus registros sobre dicho ´Centro de Jubilados y Pensionados Los Abuelos de San Ignacio de Loyola´, especialmente quiénes conformaban su Comisión Directiva o eran sus responsables legales, subsidios que recibiera y otros datos que puedan ser relevantes para la investigación».
Una fantochada
El pasado 10 de octubre, la Inspección General de Justicia le aplicó a la firma Caputo Hermanos S.A. una multa de 100.000 pesos por cada uno de los 18 años en los cuales no fueron presentados los estados contables de la compañía, del 2005 al 2022 inclusive.
Así quedó establecido en una resolución de la IGJ, en la que se explicó que la empresa quedó bajo la lupa del organismo luego de que trascendiera una supuesta relación comercial con la carpintería del referente de Revolución Federal, Jonathan Morel.
En la resolución firmada por el Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, estableció «disponer la fiscalización estatal limitada de la sociedad Caputo Hermanos S.A por parte de esta IGJ conforme los términos del artículo 301 inciso 2º de la ley 19550».
En el tercer punto, se resuelve, aplicar una multa a la sociedad y a sus directores en forma solidaria de cien mil pesos por cada uno de los estados contables ejercicios finalizados cuya presentación se omitió realizar ante el organismo de control y se puntualizó que eso ocurrió cada año desde el 2005 a la fecha.
«Desde su misma constitución, acaecida en el año 2004, esto es, hace más de 18 años, la sociedad Caputo Hermanos S.A jamás presentó sus estados contables a esta Inspección General de Justicia», se señaló en la resolución.
También la IGJ remarcó que «solo inscribió sus autoridades originales en el año 2004, el directorio electo en los años 2005 y 2015 (quince años después) y 2021, incumpliendo con dicha registración los años 2007, 2010, 2013 y 2018».
Ante este escenario, Nissen afirmó que la empresa Caputo Hermanos «como sociedad es una fantochada» y señaló que su «actuación» en sus fideicomisos es «muy opaca, deja muchísimo que desear».
El pasado 8 de febrero, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de ocho presuntos proveedores de la empresa Caputo Hermanos, todo en el marco de la investigación del financiamiento de la agrupación Revolución Federal.
El magistrado lo hizo a pedido del fiscal del caso, Gerardo Pollicita, y en relación a «que se pueda obtener mayor información vinculada a los servicios laborales y a la facturación» de todos los proveedores del Fideicomiso «Espacio Añelo», en Neuquén.
El juez había ordenado una medida similar para con los investigados en octubre pasado, a raíz de los pagos de la constructora a Morel y a otras personas que habrían facturado a su pedido por venta de muebles en dos de sus emprendimientos, uno de ellos el ubicado en la zona de Vaca Muerta, Neuquén.
Morel y otros tres integrantes de la agrupación, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra están procesados por presunta «incitación a la violencia» y por «formar parte de una organización que busca imponer sus ideas a través de la fuerza o el temor» y quedaron excarcelados por decisión de la Cámara Federal porteña.
En esta causa se investigan transferencias a Morel y a dos allegadas, Ailen Vallero y Evelyn Balboa, por parte de Caputo Hermanos, una empresa de los hermanos del exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Luis «Toto» Caputo y primos del amigo del expresidente, Nicolás Caputo.
En octubre pasado, el juez pidió a la AFIP que aporte «la totalidad de la facturación electrónica» de Morel y las dos investigadas desde mayo de 2021.
Posteriormente imputó en la investigación al titular de la empresa, Flavio Caputo.
