El tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández y otros imputados en la llamada «causa Vialidad» dará a conocer el próximo 9 de marzo los fundamentos de su veredicto y se abrirá durante diez días hábiles la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.
Según anticiparon desde las defensas y la fiscalía, el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 será apelado, ante lo cual no quedará firme mientras transite esa etapa de revisión, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sin plazos para resolver.
Tras dar a conocer su decisión el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a 6 años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.
Pero como fija la ley, ahora tendrán que difundir los fundamentos completos de su veredicto, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes podrán apelar ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
A partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones, que deberán estar presentadas dentro de los 10 días hábiles desde la difusión de los fundamentos completos.
Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.
Ambos habían reclamado 12 años de prisión a la vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado, el de administración fraudulenta.
Además irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya «no es ni lawfare ni Partido Judicial» sino «un Estado paralelo y mafia judicial».
Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.
En ese aspecto, la defensa de Fernández de Kirchner denunció violación de garantías constitucionales, persecución y «lawfare» por parte del Poder Judicial.
En el anticipo de los fundamentos dados a conocer a la opinión pública por la importancia institucional que se adjudica al juicio, los jueces argumentaron que se probó «una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».
En cuanto a la vicepresidenta, opinaron que tuvo «un interés manifiesto sobre el plan criminal» plasmado en la tramitación de 51 licitaciones de obra pública vial en rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz.
Días antes, al hacer uso de sus «últimas palabras» ante el tribunal, Fernández de Kirchner había reiterado lo que argumentó desde el inicio del proceso: que la sentencia que recibiría «ya está escrita» por el «partido judicial».
El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019 de manera presencial y estuvo suspendido seis meses por la pandemia de Covid-19 entre marzo y agosto de 2020, cuando se reanudó de manera virtual; finalmente entró en 2022 su etapa de alegatos, últimas palabras y veredicto.
En Casación, la sentencia será revisada por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.
Los tres jueces de la sala IV de Casación, como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una o varias audiencias previas y allí escucharán fundamentos.
Posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver, aunque este plazo suele ser laxo, como se vio también el año pasado con las causas Hotesur-Los Sauces y la firma del Memorandum con Irán, cerradas ambas con sobreseimientos sin juicio oral por inexistencia de delito y a estudio de otra sala de Casación, la primera.
En ambos casos las audiencias se realizaron a fines de 2022 y todavía no hubo sentencia.
Una vez que Casación dicte sentencia, podría entrar en escena la Corte Suprema de Justicia, aunque sin límites de tiempo de ningún tipo para decidir.
Los jueces condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como «autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Lázaro Báez, dueño de la empresa «Austral Construcciones», recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.
También quedaron condenados a seis años de cárcel el ex titular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López.
Exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión mientras que todos los acusados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.
El Tribunal dispuso el decomiso actualizado si la sentencia queda firme de 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto del delito.
