Causa Vialidad: por inacción del Gobierno, Cristina Kirchner no deberá pagar un resarcimiento de $22.300 millones
La Justicia Civil confirmó la caducidad de la instancia de una demanda civil contra la expresidenta, tras paralizarse el reclamo. En paralelo, sigue el decomiso de bienes por $685.000 millones en lo penal.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una apelación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y confirmó la caducidad de la demanda civil, que en este caso beneficia a Cristina Kirchner, quien ya no deberá pagar un resarcimiento de $22.300 millones que el Estado le reclamaba a la ex mandataria y al resto de los condenados en la causa de corrupción.
La decisión de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, en un voto dividido, confirmó la sentencia del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, que declaró la «caducidad de la instancia». La defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, había solicitado la medida argumentando que no hubo avances en el expediente desde marzo de 2023. Los abogados de la exmandataria argumentaron que el último mes de abril se cumplieron seis meses sin que Vialidad impulsara el procedimiento.
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La decisión de la Cámara
Los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi integraron el voto mayoritario de la Sala III. Ambos magistrados determinaron que la caducidad debía ser confirmada. En un fallo de 11 páginas, reafirmaron que la última acción que impulsó el caso fue la orden del juez del 17 de marzo de 2023.
Debido a que el caso ya estaba detenido a partir del 18 de septiembre de 2023, los jueces determinaron que los escritos que la DNV presentó después de esa fecha (como el del 21 de septiembre de 2023, el del 29 de septiembre de 2023 y el del 25 de febrero de 2025) no tuvieron valor para impulsar el procedimiento, ya que fueron actos cumplidos mientras el trámite estaba paralizado.
El decomiso de la causa penal sigue activo
Es crucial distinguir que este fallo corresponde a la causa civil iniciada para reparar el daño económico de las obras no terminadas. La decisión no afecta en absoluto a la causa penal.
En el Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py, el proceso de ejecución patrimonial correspondiente al decomiso de bienes por $685.000 millones, fijado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, continúa su trámite de forma independiente y se mantiene activo.