Un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores comenzó a debatir en la tarde de este martes proyectos de ley que apuntan a introducir cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación.

La reunión contó con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria; del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones; del senador jujeño Guillermo Snopek, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales; del senador Oscar Parrilli, a la cabeza de la comisión de Justicia; el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler; y la titular de la Jefatura de Gabinete de Asesores, Gimena del Río.

Al exponer ante las comisiones, Soria abogó por un Consejo de la Magistratura “democrático y menos corporativo”, al tiempo que expresó su desacuerdo en que la titularidad de este organismo recaiga sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Que el juez que preside la Corte también pueda concentrar la dirección del Consejo de la Magistratura es peligroso, sobre todo con esta corrupción. Yo no estoy atacando, hablo de lo que todos vemos en esta Corte”, señaló.

De izquierda a derecha: Soria, Parrilli, Snopek y Lugones.

Y agregó: “Lo cierto es que esta Corte el año pasado quedó envuelta en un verdadero escándalo que le costó la renuncia a la única mujer que la integraba, me refiero a cuando tuvieron que elegir sus propias autoridades y fue un escándalo, esta es la Corte que se puede meter por la ventana en el Consejo de la Magistratura”.

Además, el ministro señaló que esta doble dirección sería “inconstitucional, totalmente ineficiente y antidemocrática”.

Por otro lado, el ministro dijo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura que regía desde hace más de una década, “es una extorsión sin precedentes en la historia del país” que “pone en jaque la división de poderes”.

“Si no hacemos esto, en cuatro semanas vamos a tener una tragedia institucional que será la parálisis del Consejo de la Magistratura”, sentenció.

En tanto, la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, observó: “Las dos leyes que la Corte declaró inconstitucionales no incluían la presidencia de este Tribunal en el Consejo de la Magistratura, entonces no sé si se puede haber garantías de que una nueva ley que no considere eso no sea declarada nuevamente inconstitucional”.

Tras la intervención de la senadora, el ministro Soria retomó la palabra y ratificó: “La Corte invalidó la ley de 2006 pero también dejó sin efecto la Ley de Democratización del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura en el año 2013. Ninguna de esas dos leyes contenía la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema a su vez fuese el presidente del Consejo de la Magistratura”.

A la hora de las preguntas, la oposición aprovechó para cuestionar la demora en el tratamiento del tema que había sido incluido en el llamado a sesiones extraordinarias y nunca se debatió ni siquiera en comisión.

El jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, cuestionó los dichos de Soria al reflexionar que “el Senado no está legislando bajo presión, sino en tiempo de descuento”.

“Me pregunto, ante la exposición del ministro, por qué llegamos a tiempo de descuento. Este tratamiento llega tarde porque la política no se pone de acuerdo. Y el acuerdo falta en el oficialismo”, sentenció.

La mendocina Mariana Juri, de Juntos por el Cambio, reclamó que “pasaron tres hermosos meses de verano sin abordar estos temas porque el Gobierno no lo planteó”.

Ante las críticas de la oposición por la demora que tuvo el tratamiento de esta iniciativa en el Congreso, el ministro Soria apeló a un documento del 5 de abril de 2018 y responsabilizó a la Corte por la tardanza.

¿Por qué se quiere modificar el Consejo de la Magistratura?

La reforma del Consejo de la Magistratura había sido incluida por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, pero por voluntad política del oficialismo no hubo tratamiento de ese proyecto ni de ninguno durante los meses del verano. Sin embargo, ahora sí hay una decisión de tratar el tema con la mayor celeridad posible en las comisiones.

El oficialismo quiere cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la actual ley (que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura) e intimó al Congreso a sancionar una nueva norma antes del 15 de abril.

El máximo tribunal consideró en su sentencia que la normativa que está vigente -aprobada por el Congreso en 2006- no respeta el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.

De no cumplir con el plazo perentorio, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13 como ahora.

Dos proyectos: diferencias y negociaciones entre oficialismo y oposición

El proyecto del oficialismo apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y un representantes del ámbito académico y científico.

De prosperar la iniciativa del Gobierno, el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).

En cumplimiento con un criterio de paridad de género, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

También deberá haber dos mujeres de los cuatro que representan al estamento de abogados, quienes serían elegidos por el voto directo de acuerdo al sistema D’Hondt por los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las Provincias.

Juntos por el Cambio tenía varios proyectos presentados, pero se logró unificar las propuestas y el lunes se presentó la versión final del contraproyecto, con un pilar fundamental: prevé que la Corte Suprema vuelva a tener un integrante en el Consejo de la Magistratura y que además lo presida (como sucedía antes de 2006), una pretensión que el Frente de Todos rechaza. Allí radicará la clave de las discusiones entre oficialismo y oposición.

La iniciativa de Juntos por el Cambio propone restaurar la antigua composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros con el presidente de la Corte Suprema a la cabeza (actualmente le tocaría asumir el cargo a Horacio Rosatti).

Además, el proyecto opositor estipula que el organismo esté integrado por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D’Hont, “debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro jueces (dos por la Capital Federal y dos por el interior)”.

A su vez, se incluye en la composición del Consejo un representante del Poder Ejecutivo; cuatro senadores nacionales (dos por el bloque con más integrantes, uno para la segunda bancada y uno para la tercera) y cuatro diputados (misma distribución). En el caso de los legisladores nacionales, serán designados por los titulares de Senado y Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, y deberá resguardarse la representación equitativa de género.

A ellos se les suman cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal (dos por la Capital Federal y dos por el interior); y dos representantes del sector académico, que deberán ser abogados y profesores titulares en cátedras de facultades de Derecho de universidades nacionales.

Por otra parte, se propone aumentar a dos tercios la mayoría necesaria para integrar las comisiones.