La diputada provincial del PJ, Lucila De Ponti, presentó en la Legislatura de Santa Fe dos proyectos destinados a profundizar el desarrollo y la promoción de la economía social, popular y solidaria con base en el fortalecimiento y la expansión de la actividad.

“Este sector comprende a trabajadoras y trabajadores no formales, quienes fueron excluidos del sistema laboral convencional y supieron crear sus propios empleos basados en los valores del cooperativismo, la democracia y la solidaridad”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.

La primera iniciativa establece la creación de la Secretaría de Estado de la Economía Social, Popular y Solidaria; encargada de asistir al Gobernador a la hora de proponer y desarrollar políticas públicas que acompañen al desarrollo, capacitación, estabilidad laboral y al reconocimiento de derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

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Dicha iniciativa cuenta además con las firmas de los legisladores provinciales Leandro Busatto y Leandro Olivera -ambos del PJ- y los integrantes del bloque Frente Social y Popular-Ciudad Futura, Carlos del Frade y Dámaris Pacchiotti.

Por otra parte, el segundo proyecto propone la creación del Régimen de Promoción y Desarrollo de la Economía Social, Popular y Solidaria, una herramienta que -tal explicó la autora- permitirá facilitar los procesos de trabajo, producción, comercialización y distribución.

“La finalidad es garantizar la eficacia del sistema en todo el territorio, promover el empleo, fomentar el cooperativismo, brindar asesoramiento e impulsar el financiamiento para el desarrollo de distintos proyectos productivos”, aseguró De Ponti, quien se mostró confiada en que los proyectos avancen.

Proyecto de creación del Régimen de Promoción y Desarrollo de la Economía Social, Popular y Solidaria by Conclusión Diario Digital on Scribd

Los fundamentos de ambas iniciativas -que llevan la firma de los mismos legisladores-  hacen referencia a la potencialidad incluyente que tiene el sector para generar oportunidades de inserción laboral, económica y productiva en amplios sectores en situación de vulnerabilidad, como así también su valor estratégico frente a la pérdida de empleos formales.

“La idea es que todos los trabajadores tengan la mayor cantidad de aspectos resueltos para poder trabajar tranquilos y acceder a nuevas herramientas, al tiempo que se reconozcan sus derechos para que puedan trabajar y vivir con seguridad”, finalizó.