El diputado provincial del bloque de Frente Social y Popular-Ciudad Futura (FSP-CF) y periodista de investigación, Carlos del Frade, aseguró este lunes que el juicio a Esteban Lindor Alvarado es «el más importante» de los procesos ligados al avance del narcotráfico en la ciudad, ya que el presunto jefe de la organización tiene «15 años de historia de relaciones políticas, empresariales y judiciales» que quedarán expuestas durante las audiencias.

«Este es el juicio histórico más importante en la cuestión de narcotráfico en la ciudad, mucho más importante que lo de Los Monos, porque Alvarado tiene 15 años de historia de relaciones políticas, empresariales y judiciales. Esto va mucho más allá de los barrios», dijo del Frade este lunes antes de ingresar a la audiencia que se realiza en el Centro de Justicia Penal.

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Según sostuvo ante Conclusión, el avance sobre estas relaciones -que el legislador provincial espera que queden expuestas durante el desarrollo del juicio- demanda el mayor de los apoyos a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra; y un gran compromiso del poder Judicial para que «todos los nombres que aparezcan en las audiencias sean investigados».

«Estamos en un momento histórico (que permite) empezar a ver cuáles son los eslabones medios y superiores del narcotráfico», afirmó el diputado provincial, al mismo tiempo que indicó que el avance del juicio no equivale a una solución definitiva a los problemas asociados al desarrollo del narcotráfico en el territorio santafesino.

En ese sentido, señaló: «Estamos muy lejos de controlar la situación. Lejísimos. La Argentina es un país narco, y dentro del país narco el lugar donde más se lava dinero es el sur de la provincia de Santa Fe. El 75% de las exportaciones pasan por San Lorenzo y todo eso se lava en el centro de Rosario, así que estamos muy lejos, en esta estructura económica, de terminar con eso».

Aun así, el legislador del FSP-CF aseguró que hay estrategias que podrían implementarse en el corto plazo para abordar la problemática. Dichas propuestas fueron llevadas incluso a la Junta Provincial de Seguridad que encabezó el pasado jueves el gobernador Omar Perotti, que contó además con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado provincial.

«Le dije al Gobernador que a partir de esta semana se podía hacer algo muy concreto: mandar delegaciones de la Administración Provincial de Impuestos a las cuevas de Rosario y Santa Fe, donde se lava el dinero. Además hay que poner una buena presencia estatal en los barrios, con carpas del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se hizo con la vacunación contra el covid», detalló.

BALAS CONTRA COMISARÍAS

Respecto a las balaceras registradas durante el fin de semana contra dos comisarías de la ciudad (la 12ª, de Casilda  y Solís, y la 24ª de Sabín y Juan José Paso), el también periodista de investigación dividió los hechos y sostuvo que se trató de situaciones diferentes.

«Tengo dos lecturas ahí. Lo de la 12, estoy casi convencido de que fue un autoatentado. La 12 ha administrado el negocio narcopolicial desde hace años. Eso lo vienen diciendo las vecinas; los vecinos; y las organizaciones sociales. Ese mismo día había aparecido una muy buena nota sobre lo que era la complicidad de la 12 con el desarrollo narco y, casi como respuesta a esa nota, aparece la supuesta tremenda balacera. A los minutos ya estaban detenidas 7 personas, que hasta el día de hoy no se sabe si tenían relación o no con el atentado. Todo muy raro. No les creo», argumentó.

Y completó: «El de la 24 sí es otra cosa. Tiene que ver con el nivel de tremenda discusión por el territorio que tienen las bandas en el norte rosarino después de la detención del ‘Dulce’ Abregú; los Romero; los Sandoval; la ‘Tata’ Medina y demás. Hay un mar de fondo absolutamente emergido en la superficie, que genera eso. Ahí sí puede haber una especie de atentado contra la institución policíal, pero no porque le moleste mucho. Si uno hace un análisis de cuánto personal policial herido hay en enfrentamientos con narcos en la provincia de Santa Fe, encuentra que no hay casi a nadie. Sí tenés decenas de policías vinculados a organizaciones narco.

SOBRE EL JUICIO A ALVARADO

Este juicio promete exponer a la luz pública un entramado mafioso con múltiples conexiones, que creció durante una década y media al amparo del encubrimiento, al menos, policial.

Alvarado (42) ya cumplió una condena de 6 años de prisión por robo de autos en el Gran Buenos Aires que eran desguazados en Rosario, y según los fiscales del juicio desde la cárcel «relanzó su emprendimiento criminal, ahora sí conformando una estructura criminal mucho más amplia y compleja que la de entonces».

«El Esteban», como lo llaman en el mundo criminal, llegó a este juicio acusado como instigador del secuestro y asesinato del opaco prestamista Lucio Maldonado, que formó parte de su entramado ilegal, ocurrido en noviembre de 2018.

Dos días después de que fuera secuestrado en su domicilio, el cuerpo de Maldonado apareció baleado en el inicio de la autopista Rosario-Buenos Aires con un cartel que decía: «Con la mafia no se jode.»

El seguimiento satelital de su automóvil, que fue llevado por los secuestradores, permitió a los investigadores determinar que había sido trasladado a un paraje llamado «Los Muchachos», en las afueras de Rosario, donde Alvarado tenía una vivienda a nombre de sus hijos, según el requerimiento fiscal.

También será juzgado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría dirigido desde la cárcel, compartimentada en «dos estamentos»: uno encargado de lo «operativo y logístico» y otro «a cargo de la gestión y administración y disposición de bienes» mediante un entramado de sociedades legales.

Además, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada indicaron en su acusación que la banda tenía una «pata policial», que con «sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley para su beneficio ilícito».