Un documento elaborado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Comisión Bicameral de Control de Fondos de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional argentino expone las deficiencias del sistema y presenta posibles soluciones a las mismas.
La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun junto con el Fiscal Gabriel De Vedia y el concejal Roberto Sukerman presentaron en la tarde de este lunes un informe sobre la situación del Sistema Previsional argentino, en la Facultad de Derecho.
En diálogo con Conclusión, María de los Ángeles Sacnun indicó que el informe “arroja algunos datos duros” en relación al recorte en materia jubilatoria y a su impacto en la sociedad.
“Entendemos que el impacto del recorte es muy importante en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que se ha licuado el poder adquisitivo de las jubilaciones y además la cobertura en materia de salud está muy resentida para los jubilados”, dijo la senadora. Y, en este contexto, resaltó la importancia de proteger a los jubilados y de defender al sistema de seguridad social, al que consideró “central para la República Argentina”.
Por su parte, el Fiscal Gabriel De Vedia dijo a Conclusión que “el sistema previsional argentino tiene luces y sombras distribuidas a lo largo de la historia”. Y agregó que “el presente no es muy alentador en el sentido en que si uno mira la realidad, son jubilados que padecen necesidades, que padecen tristezas y que su canasta familiar no está llena como corresponde”.
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“Por otro lado tenemos un Sistema Previsional que a través del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, durante muchos años, fue sólido y tenía los activos y la rentabilidad necesaria para sostener el sistema”, indicó.
Consultado sobre las posibles soluciones a estas dificultades, De Vedia pidió tener una “mirada progresiva» de la seguridad social, y la consideró como “la herramienta que tiene un Estado para redistribuir el ingreso”. “La seguridad social es un derecho universal y solidario que tiene una mirada inclusiva, que se encamina hacia la justicia social, la justicia social es el norte”, explicó.
Antes de ser removido de la Fiscalía especializada en Seguridad Social en 2018 denunció a Luis Caputo (anteriormente Ministro de Finanzas), al Director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, por ventas de acciones de ANSES en Petrobras a Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) y Luis María Blaquier (ex director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses) por maniobras que favorecieron a empresas donde había trabajado, como Arcor y Cablevisión, incurriendo todos ellos en negociaciones incompatibles con la función pública.
También el fiscal denunció a Gustavo Ángel Marconato (Secretario de Hacienda) y Pedro Lacoste (Secretario de Política Económica) por interferir en el funcionamiento del Comité Ejecutivo del FGS, creado por el anterior gobierno nacional en la ANSES, y cuya reglamentación en vigencia establece la preservación e incremento de recursos a través de inversiones de acciones, activos y títulos públicos negociables para mayor rentabilidad de la Seguridad Social.
“Fueron varios los funcionarios y varias las causas por delitos contra la correcta administración del fondo de garantías y sustentabilidad. En total son cuatro causas de esta naturaleza, tres de ellas están abiertas y una fue archivada, que es la de Caputo”, detalló el fiscal.
Finalmente, Roberto Sukerman expresó que el gobierno de Mauricio Macri significó un «desguace» del sistema de seguridad social y denunció que las inversiones especulativas fomentadas por el macrismo generaron «un sistema de seguridad social que no puede dar respuestas a las necesidades de la población».
Además, dijo que los recursos se administraron de «mala manera», lo que podría significar que el sistema de seguridad social no pueda afrontar sus responsabilidades futuras.
