La diputada nacional María Emilia Soria presentó junto a los diputados Darío Martínez, José Luis Gioja, Rodolfo Tailhade, Ana María Llanos, Daniela Castro, Gabriela Cerrutti, Verónica Mercado y Santiago Igón, una denuncia penal por Abuso de la Autoridad en función de la violación a la obligación de progresividad de los derechos de la seguridad social, contra los firmantes del decreto 702/2018, Vicepresidenta Gabriela Michetti, Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Alberto Jorge Triaca.
Lo denunciantes entendieron que los pactos internacionales y la jurisprudencia refuerzan la postura de que el dictado del Decreto 702/2018 es un acto criminal. Los diputados del bloque del FpV-PJ realizaron este miércoles la presentación en el juzgado federal Nº 6 de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención de la fiscal federal Paloma Ochoa.
“La quita de hasta el 75% en las Asignaciones Familiares a los trabajadores de la Patagonia es una brutal discriminación. Las condiciones climáticas y las enormes distancias propias de nuestra región marcan la desigualdad económica en relación al costo de vida de otras zonas del país. Esa desigualdad no es una ilusión o un capricho, es la realidad que reflejan los índices del Indec y es la realidad que padecen a diario millones de habitantes patagónicos. Desconocerla es una perversidad” expresó la diputada rionegrina Maria Emilia Soria.
En diálogo con Conclusión, la diputada Soria manifestó que «el decreto 702/2018 no sólo es un robo a los trabajadores, que perderán ingresos genuinos de su salario que componen las Asignaciones Familiares, sino que además es una estafa a las pymes que seguirán pagando cargas impositivas de conceptos que ya no van a llegar a los trabajadores».
Además la legisladora subrayó que «la eliminación del beneficio que alcanza a cientos de miles de chicos de la Patagonia y del norte argentino que viven en condiciones desfavorables no puede ser interpretado de otra forma», y agregó «el gobierno nacional tiene un profundo «desprecio por la Patagonia y el interior del país y parece no tener límite».
Asímismo, en la reunión de este miércoles en la Cámara baja en la que los representantes de la patagonia tuvieron un fuerte protagonismo, y destacó la importancia de adoptar una postura federal en defensa los intereses del pueblo y de los más desprotegidos, y en particular de los diferenciales zonales que están siendo afectados por el ajuste. En este sentido se convino pedir una sesión especial para tratar la derogación del decreto 702/2018.
Recordemos que la medida afecta a más de 307.000 chicos de la Patagonia y del norte argentino que viven en condiciones desfavorables.
