El presidente Alberto Fernández desclasificó la información y documentación relacionada con el atentado a la AMIA que esté en manos del Gobierno, salvo la identidad de los agentes de inteligencia locales y extranjeros y los archivos aportados por otros países.
La medida fue adoptada a través del Decreto 213/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial y en el que se advierte que «persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares» de la voladura de la sede de la mutual judía.
La decisión había sido anunciada por el propio jefe de Estado en su discurso ante la Asamblea Legislativa durante la apertura de sesiones ordinarias.
El decreto establece que se le otorgará carácter público «a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial».
A la vez, se aclara que «deberán adoptarse los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon en los procesos referidos, como así también para resguardar toda la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular respecto de la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros».
El texto también desclasifica de manera «absoluta» a «la totalidad de la información y documentación relacionada» con el atentado de «todas las dependencias de la Administración Pública Nacional, incluyendo toda información tratada en resoluciones y decretos dictados oportunamente», salvo lo que concierne a espías extranjeros.
El Presidente justificó la decisión al advertir que, pese a que hubo desclasificaciones en anteriores gestiones, «persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado ocurrido en el año 1994 y su encubrimiento».
«Esta situación afecta a la sociedad en su conjunto ya que sin duda alguna existe una vinculación inescindible entre democracia, derechos humanos y verdad, que el Estado debe sostener en sus acciones», afirmó.
Y añadió que «el derecho a la verdad» incluye «garantizar el acceso a la información relativa a las violaciones a los derechos humanos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales».
Ante ello, se remarcó que en este caso «mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público resulta contrario a la búsqueda de la verdad», así como es «imperioso comenzar un trabajo definitivo sobre la información para impulsar un proceso de transparencia y publicidad» en el manejo de los archivos existente en el ámbito estatal.
El decreto también creó una mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete para «procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal»: estará integrada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los ministerios de Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores, así como también se invitará al Ministerio Público Fiscal, víctimas, familiares y querellantes.
