Como si fueran pocos los aumentos de los servicios públicos, el crecimiento del desempleo y una inflación que parece no tener techo, el Gobierno nacional anunció este viernes un fuerte recorte en las partidas que la ANSES destina al financiamiento de las asignaciones familiares, específicamente las que se pagan por tareas laborales en «zonas desfavorables» del país.
La medida, que comenzará a regir a partir del primero de septiembre, fue adoptada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a través de un decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial.
Aunque no lo explicó en los considerandos del decreto, el Gobierno se encuentra en pleno desarrollo de un plan de ajuste fiscal, que se comprometió a ejecutar como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que lo lleva hacia una meta de 1,3% de déficit sobre el Producto Bruto Interno hacia el final de 2019.
El anuncio cayó como un balde de agua fría en las organizaciones sociales, que antes del recorte ya habían denunciado el incremento de la pobreza en la provincia.
«En los últimos meses se duplicaron la cantidad de chicos que asiste a los comedores. Pasaron de cerca de 40 a 100 e inclusive tenemos pedidos de gente de implementar comedores en otros barrios, por lo que la situación se va a poner muchos más difícil», indicó a Conclusión el coordinador de Barrios de Pie, Gabriel Báez,
«Lo que vemos en los barrios es una situación compleja en el marco que las cosas están mas caras, y el ingreso tiene menos valor, situación. Queda de manifiesto una vez más la insensibilidad de este gobierno: primero en diciembre atacó a los abuelos y hoy ataca a las mamás con hijos», agregó Báez.
En este sentido, enfatizó que mientras esto sucede, el Ejecutivo nacional «no aumenta las retenciones a los grandes monopolios del campo», más allá del pedido del FMI.
«No les importa ajustar a la clase media que eran sus votantes, crecen la luz y el gas a valores exuberantes. La plata que viene del Fondo Monetario es para la timba financiera de los amigos del gobierno», profundizó.
Dado este escenario, el dirigente social consideró «fundamental» aprobar «la Ley de Emergencia Alimentaria» para que «los niños coman bien». Y pidió el apoyo de todos los sectores en una marcha conjunta que tendrá lugar el 7 de agosto desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo, donde esperan movilizar “más de 50 mil personas” para visibilizar todos estos reclamos.
«Hoy tenemos que unirnos, es el momento de pensar en una alternativa donde estemos todos juntos porque Macri avanza sobre los derechos de la sociedad. Entendemos que tiene que haber un cambio a través de la democracia y que el oficialismo se retire del gobierno por las urnas».
