“La medida tomada de dar de baja las 2.035 asignaciones políticas decididas por Boudou significan un aumento de la plantilla del 146 por ciento”, afirmó a través de Twitter la vicepresidenta.
Los afectados por la medida son empleados que ingresaron a la Cámara alta durante los últimos diez meses de la gestión de Amado Boudou como vicepresidente. Además, se dispuso que se revisen las 2.317 recategorizaciones que ordenó el mismo antes de terminar su cargo, y se dejó sin efecto los decretos por él firmados entre el 26 de enero y el 3 de noviembre del año pasado.
“No es posible que un desmadre administrativo del Senado caiga sobre la espalda de los propios trabajadores y de los contribuyentes”, aseguró Gabriela Michetti en su cuenta, al tiempo que afirmó que “la gestión del Senado debe volver a ser transparente”, y que “la Cámara alta volverá a estar abierta a la gente”.
Por otra parte, se estableció la creación de una comisión revisora, cuya función será la de analizar en un plazo máximo de 120 días todos los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses en la Cámara de Senadores.
La Comisión será encabezada por el ex senador Mario Daniele, el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego Lacu.
También fueron invitados a participar la Asociación del Personal Legislativo, ATE y UPCN.
Respuesta del gremio Asociación de Personal Legislativo
El secretario general del gremio Asociación de Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, afirmó hoy que es «una barbaridad» la disposición de la presidenta del Senado, Gabirel Michetti, de «dar de baja a estos compañeros» ya que que «afecta a más de 2000 familias», y advirtió que su organización irá «hasta las últimas consecuencias».
«El PRO quiere hacer una carnicería con los empleados del Senado. Si dicen que hay ñoquis, que los denuncien en la Justicia. Somos gente de consenso y de diálogo, pero ellos cortaron todo consenso y todo diálogo y ahora vamos hasta las últimas consecuencias», sostuvo Di Próspero al hacer alusión a posibles medidas de fuerza.
En declaraciones periodísticas, el sindicalista dijo que «tienen que tener fundamentos para decir que en el Senado hay 2000 ñoquis» y señaló que «hace dos días, la Vicepresidenta le pagó a los más de 2000 compañeros despedidos, cuando lo que tendría que haber hecho era denunciarlos a la justicia si realmente son ñoquis».
«Realmente me parece que es una barbaridad esta medida de dar de baja a estos compañeros que afecta a más de 2000 familias que son de planta permanente, que están amparados por la ley y que vamos a recurrir», enfatizó.
Di Próspero se había reunido días atrás con el secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, quien había organizado el encuentro con el gremialista para manifestarle sus intenciones e intentar llegar a un acuerdo, que finalmente no se logró.
