Por Raúl Timerman
Los titulares domingueros de los dos diarios de mayor circulación volvieron a oficiar de voceros del sector agropecuario cuyos intereses se vieron “afectados” por la resolución oficial que plantea una actualización de los tributos del sector. Lo primero que es necesario resaltar es que la construcción de dichas cabezas noticiosas parte de una información falseada.
No se aumentaron las retenciones, tal como rezan en letras catástrofe las portadas de estos matutinos, sino que se dispuso eliminar los cuatro pesos por dólar que se tributaban por la exportación de granos y actualizar los porcentajes de acuerdo al valor de la divisa estadounidense. A eso le llaman “aumento de las retenciones”, frase que nos retrotrae a aquella fallida resolución 125 que tantos dolores de cabeza le trajo al gobierno de Cristina Kirchner.
El campo “anticipa protestas” titulan los medios aludidos, como si todos los sectores productivos que viven de la actividad agrícola estuvieran alineados con esta postura beligerante. Nada de esto parece lógico en el marco del diagnóstico de extrema fragilidad que evidencia la economía argentina y cuando no ha transcurrido ni una semana de la gestión de Alberto Fernández.
El conjunto de la sociedad debería replantearse por qué no reaccionó cuando el gobierno anterior le recortaba fondos a la educación, a la salud, a los jubilados, a los docentes, a los científicos, a los discapacitados, o cuando se incrementaron en porcentajes exorbitantes las tarifas de los servicios públicos; y sin embargo ahora se horroriza cuando el sector más rico de la Argentina amenaza con medidas de fuerza a causa del aporte que el Estado le requiere en uno de los momentos más críticos de nuestro país.
El actual gobierno deberá replantearse la manera de comunicar este tipo de decisiones que vaticinan reacciones adversas de los afectados. Es necesario que esa evaluación se efectúe previamente a la presentación pública de las medidas que se pretenden impulsar y no con posterioridad. La razón es simple: es mucho más trabajoso revertir la imagen negativa que instalan algunos formadores de opinión aprovechando la falta de comunicación oficial, que anticipar las razones virtuosas por las que se decide impulsar una iniciativa que -se prevé- generará polémica.
Otra vez nos encontramos ante una instancia en la que la frazada corta –metáfora siempre útil para graficar la escasez presupuestaria- obliga al regulador de las relaciones sociales y económicas que es el Estado a intervenir para inclinar la balanza a favor delos más débiles. De eso se trata el esfuerzo que el primer mandatario le pidió a aquellos núcleos más pudientes que tienen mayor capacidad contributiva, aún en este contexto adverso de la economía.
Si las entidades agropecuarias deciden volver a las rutas para exigir al gobierno que no toque sus ganancias, deberemos concluir que hacen oídos sordos al pedido presidencial de solidarizarse con la situación de los millones de compatriotas que hoy no tienen para comer. Y ese conglomerado multitudinario de pauperizados forma parte de este país que puja una vez más por emerger del subsuelo en el que ha quedado tras una nueva –e infortunada- experiencia neoliberal, período durante el cual las patronales del campo incrementaron sensiblemente sus ganancias.
