Ante la crisis productiva y financiera, la UIA le reclamó el Gobierno medidas de alivio fiscal para las pymes
El planteo fue presentado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e incluye la suspensión durante 180 días de embargos y ejecuciones fiscales, cambios en los anticipos de Ganancias, postergaciones de IVA y contribuciones patronales, además de una reducción del costo de financiamiento.
La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a reclamar al Gobierno de Javier Milei medidas para sostener a las pequeñas y medianas empresas, esta vez con un pedido concreto de alivio fiscal frente a lo que la propia entidad definió como un escenario de «asfixia financiera».
El planteo fue presentado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e incluye la suspensión durante 180 días de embargos y ejecuciones fiscales, cambios en los anticipos de Ganancias, postergaciones de IVA y contribuciones patronales, además de una reducción del costo de financiamiento.
El reclamo adquiere otra dimensión por el vínculo que la conducción de la UIA mantuvo con el Gobierno desde el inicio de la gestión. La entidad acompañó medidas centrales del oficialismo, entre ellas la reforma laboral, la reducción de derechos de exportación para determinados productos industriales y distintos cambios regulatorios destinados a mejorar la competitividad empresarial.
Sin embargo, la persistencia de la caída de la actividad, el menor consumo interno, la presión importadora y el costo del crédito empieza a trasladar el malestar desde las pequeñas cámaras y sectores regionales hacia la principal representación empresaria de la industria.
ARCA se excusó en que varias de las propuestas dependen de decisiones del Ministerio de Economía y se comprometió a analizar algunos de los pedidos. Entre ellos, la posibilidad de ampliar el universo de contribuyentes que pueden compensar créditos y revisar los montos mínimos sometidos a control en las solicitudes de reducción de anticipos de Ganancias. La UIA y ARCA acordaron volver a reunirse dentro de 45 días.
El dato central es que la entidad ya no está planteando solamente reformas estructurales o cambios de largo plazo para mejorar la competitividad. Está solicitando tiempo para pagar impuestos, frenar ejecuciones y recuperar capital de trabajo. Es decir, medidas destinadas a empresas que no tienen liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones en las condiciones actuales.
EL PEDIDO TRAS MESES DE CAÍDA
El último relevamiento de la UIA muestra que la producción manufacturera cerró el primer semestre con una contracción interanual del 3%, mientras que el nivel de actividad se ubicó alrededor de 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023. En junio, la actividad registró una baja interanual de 1,8%, de acuerdo con las estimaciones difundidas por el Centro de Estudios de la entidad.
También viene registrando una pérdida de empleo industrial. En mayo se contabilizó una reducción de 3.157 trabajadores registrados respecto del mes anterior, según los indicadores que publica la entidad.
El deterioro no comenzó este año. Para febrero, la entidad empresaria había calculado que la industria manufacturera había perdido 48.950 puestos registrados en un año y acumulaba 26 meses consecutivos de caída del empleo formal.
En este contexto, el reclamo fiscal tiene una explicación directa. Cuando una empresa vende menos, produce menos y tiene que afrontar tasas elevadas para financiar capital de trabajo, el pago de impuestos puede convertirse en un problema de liquidez incluso si la firma todavía es rentable en términos contables. De allí que la UIA pida suspender por seis meses embargos y ejecuciones fiscales.
La entidad planteó específicamente «la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes como medida transitoria frente a la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito».
La UIA busca, en los hechos, que el Estado deje de cobrar determinadas obligaciones durante un período para permitir que las empresas atraviesen el actual ciclo de menor actividad.
La entidad cuestionó además que el costo de los planes de financiación tributaria continúe elevado pese a la desaceleración de la inflación y solicitó que se reduzca la tasa que pagan las pymes.
Una de las principales promesas del Gobierno fue recuperar el crédito privado a partir de la estabilización monetaria y la reducción de la inflación. Pero para muchas pymes el crédito continúa siendo inaccesible o demasiado caro para financiar una actividad que no logra recuperar volumen.
En agosto, dirigentes de la UIA y de otras cámaras industriales cuestionaron al propio Caputo después de que el ministro calificara de «tarados» a quienes advertían sobre la situación de la industria. Los empresarios reclamaron «respeto» y señalaron que el sector acumula meses de caídas y enfrenta «tasas de interés altas».
El episodio marcó una tensión que hasta entonces había quedado en segundo plano: las entidades empresarias pueden acompañar la orientación general del Gobierno, pero cuando la recesión empieza a afectar directamente los balances de sus asociados, la defensa del programa económico pierde prioridad frente a los reclamos de supervivencia.