La construcción también sufre las nefastas consecuencias de los recortes presupuestarios, la recesión y la inflación. El recorte de $30.000 millones en materia de obra pública para este semestre se tradujo en una pérdida de 5000 puesto de trabajo del sector en el mes de octubre.
Dichos números se suman al acumulado desde el mes de junio y da un total de 30.000 puestos menos de empleo en este rubro.
Diversas fuentes coincidieron en que la baja del empleo se da en la obra pública, donde pese al discurso oficial sobre la normalidad en los planes, hay grandes recortes y retrasos en los plazos de ejecución de las obras. Las transferencias de la Nación a los distritos pasaron de un tiempo promedio de 60 días a 120 días.
«Las provincias y las empresas ya no cobran a 60 días sino a 120 días en todo el país. Es impensado que la actividad vuelva a impulsarse por lo que veremos un empeoramiento, y hay una mínima esperanza puesta en el comienzo del 2019», manifestaron fuentes consultadas. En ese escenario, la desaceleración de los proyectos que ya están en marcha afecta la cadenas de pagos generando así más recesión.
Por otro lado, el permanente aumento de los costos de los materiales, que en el mes de octubre subieron otro 5% en promedio, dificulta aún más que se produzca algún tipo de recuperación en el sector. Y a esto se suman los efectos residuales de la devaluación.
Una de las provincia que salió con los tapones de punta en este tema es Salta. La Cámara Salteña de la Construcción anunció, en un comunicado, la «inevitable» disminución o paralización de obras en curso, «con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales». Los empresarios explicaron que están afectados por la inflación y el retraso de los pagos, algo por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales: «No hemos obtenido ni respuestas ni soluciones».
Fuente: Diario 26
