El Ministerio de Economía amplió la emisión de los bonos TX31 por un monto equivalente a $98.500 millones para hacer frente a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, que elevó del 1,4% al 2,95% el porcentaje correspondiente a la ciudad de Buenos Aires en concepto de fondos por coparticipación. La medida se formalizó a través de la resolución 9/2023, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.
En consecuencia, en un plazo de 48 horas, la Secretaría de Finanzas solicitará al Banco Central la transferencia de Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 2,50% –con vencimiento al 30 de noviembre de 2031– denominados TX31, por el total de Valor Nominal Original (VNO) de $65.382.679.179, equivalentes a $98.500 millones ($1.506,5152 por cada mil pesos de VNO).
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Ese último monto fue “calculado al valor técnico a la fecha de entrada en vigencia de la decisión administrativa 1282/2022 (de la Jefatura de Gabinete) que asciende a $1.506,515 por cada valor nominal original de $1.000”, de acuerdo con el texto oficial.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia elevó del 1,4% al 2,95% la alícuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de distribución de recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
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Ahora, el Poder Ejecutivo dispuso que el Banco Nación calculará diariamente la diferencia entre el 2,95% y el 1,4% para determinar el VNO de los bonos equivalente al monto en pesos de ese diferencial.
Luego, transferirá los bonos a la cuenta comitente de la Ciudad abierta a tales fines pero en el caso de que el Gobierno porteño no dispusiera la apertura de esa cuenta, el Banco Nación abrirá una “transitoria para depósitos judiciales”.
El Ministerio de Economía justificó la ampliación del bono al señalar que “ni en el Presupuesto de 2022 ni en la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2023 se previeron partidas presupuestarias para sufragar el gasto derivado de la medida cautelar” de la Corte, que se conoció tras la sanción del Presupuesto para este año.
La ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos fue sancionada en enero de 1988, cuando la entonces Capital Federal no contaba con autonomía, por lo que –junto al por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego– no forma parte de la distribución secundaria, que establece las alícuotas correspondientes a las provincias.
El artículo 8 de la ley estableció que la Nación “entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987”.
Una vez establecida la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, su alícuota se dispuso por decreto y por fuera de la distribución secundaria, comenzando con un 1,4% que luego, en la Presidencia de Mauricio Macri, fue elevada al 3,75% y posteriormente reducida al 3,50%.
Ese último porcentaje continuó con vigencia hasta septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández dispuso su reducción al 2,32%, que luego, a través de la ley 27.606, volvió a fijarse en el 1,4% original.
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