Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, ratificó en el Congreso que el Estado persistirá en el camino para que, antes de fin de año, se bancaricen todas las ventas, además, estimó que el 22 % de los jubilados y pensionados cobraron el reintegro por compras con tarjetas de débito y subrayó que la gestión del presidente Mauricio Macri tiene como objetivo en materia tributaria formalizar la economía “hasta las últimas consecuencias”.

Abad, dijo a este medio al término de su intervención en la Comisión que «hay que ser paciente en la generalización de la obligatoriedad por parte de los comercios de aceptar del uso para compras de la tarjeta de débito, porque esto significa un cambio cultural profundo en Argentina. Tenemos costumbre de usar dinero en efectivo, y muchas veces se confunde con dinero informal, y se asocia con la evasión».

Seguidamente explicó que «tras la devolución de 300 pesos a sectores carenciados por el IVA, le agregamos que todos los comercios, según el volumen de venta el tipo de actividad que tienen, tenga la obligatoriedad de instalar el postnet para que cualquier ciudadano pueda usar este medio de pago, sea con un médico, un restaurant, o consultar un abogado utilizando la modalidad de pago electrónico, y se justifica también por razones de seguridad».

Consultado por la limitación de la distribución en el territorio nacional de los postnet para operar con tarjetas de débito, el administrador de Afip adelantó que «los monotributistas no tienen que pagar el agregado del posnet para el programa de devolución, los jubilados de la mínima y la Asignación Universal por Hijo, no pagarán el costo transaccional, esto evita que se paguen comisiones cada vez que un lector de posnet registra el paso de lectura de la tarjeta en uso. Esto, para el programa de devolución de los 15 puntos de IVA, en componentes de la canasta no se deban pagar».

Y añadió:»Además hemos bajado el costo y no hay ninguna razón para no hacerlo, y hemos bajado la retención  impositiva para hacerlo a su vez más económico, así facilitamos que los comercios no tengan problema en utilizar esta herramienta».

Respecto de las provincias, Conclusión le solicitó al titular de la Afip que amplíe de como los gobernadores no colaboran con jubilados y titulares de planes, Abad dijo que se «invitó a los mandatarios a que bajen las retenciones que se hacen por el uso de la tarjeta -el gobierno nacional lo hizo con los impuestos nacionales- y se los invito a que hicieron un esfuerzo en el mismo sentido, pero todavía no tenemos novedades», reveló.

Sobre la participación o denuncia ciudadana, a la que podrán apelar los beneficiarios de jubilaciones y AUH, el funcionario dijo a este medio que «hay un cronograma para que cada uno de los distintos sectores económicos y según el volumen de facturación, fueran haciendo ejecutiva la obligación de poner el posnet, por ello estamos distribuyendo un cartel que lo puede bajar de Internet cada comercio para que los ciudadanos sepan que en ese comercio se aceptan tarjetas de débito y crédito, y algunos sistemas de pago más modernos que se están desarrollando que consiste en agregarle a un celular un dispositivo que permite leer una tarjeta y simplificar la tarea».

«El cartel que se distribuye, y que debe ser puesto a la vista por el comerciante, podrá ser leído con un celular y una vez realizada la lectura se recibirán los datos del comercio, si un ciudadano no quisiera pagar con tarjeta de débito y no pudiese hacerlo podrá adoptar tres actitudes,  malhumorarse darse vuelta e irse a su domicilio, decir: no esto no esta bien y mandar un alerta leyendo el QR del cartelito con su celular, y la tercer alternativa es hacer una denuncia para que Afip actúe. Pero aclaramos que no le trasladamos a ningún ciudadano la fiscalización, la obligación de hacerlo es del Estado. A partir de una x cantidad de alertas, la Afip tomará intervención y podrá llegar, de acuerdo al caso, con multas o la clausura del local.

Kicillof había planteado previo al informe de Abad que el sistema «fracasó y tuvo magros resultados y que lo mejor hubiera sido dar esos 300 pesos a los jubilados en lugar de destinar 17.500 millones de pesos para este sistema».

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