Por Cristian Modolo
Casi dos meses han transcurridos de la asunción del Presidente Milei, y Argentina no deja lugar para el aburrimiento. Siempre es intensa. Aun los calurosos días de verano pueden transformarse en gélidas lluvias de anuncios. Cientos de medidas económicas que afectan a múltiples sectores con diferentes niveles de profundidad se replican en discursos, decretos, proyectos de ley y decisiones de política fiscal y monetarias, en tan sólo 7 semanas. Todo abruma e impide su capacidad de procesamiento en tiempo real. Pareciera que el debate de «gradualismo sí o no fue reemplazado por «cuantas dosis» de shock resiste el «paciente», y el bosque, todavía, no puede contemplarse.
La multiplicidad y variedad de análisis que pueden realizarse es enorme. En estas líneas solo se quiere hacer foco en dos cuestiones, no menores, pasadas de largo en el vendaval de anuncios.
La primera se relaciona con el diagnóstico inicial -la magnitud de la herencia económica declamada por el presidente- y la segunda, al señalamiento de sus causas. Reitero que tales consideraciones son sólo algunas de las tantas relevantes para realizar. Pero resultó llamativa y esclarecedora la contundencia, claridad y coherencia a la hora de poner manos a la obra las palabras pronunciadas en las escalinatas del Congreso Nacional el pasado 10 de diciembre.
Aquel día el señor Presidente realizó, cual «síndico de una empresa quebrada», un pormenorizado detalle de los principales pasivos públicos: identificando «acreedores», cifras y dejando en claro la raíz del problema, es decir, el «mal a vencer: el déficit fiscal.
Hablar de déficit fiscal en Argentina resulta un clásico. Máxime, si 25 de los 40 años de la moderna democracia, el resultado fiscal -denominado primario- fue negativo y si se considera en una versión más amplia que incluya el pago de los intereses de la deuda -el resultado financiero- aumenta a 34 años los resultados deficitarios. Por ende, sólo 6 años de las últimas 4 décadas del 2003 al 2008- el tesoro nacional pudo contar con superávit que proporcionara recursos genuinos para cancelar el stock de la deuda externa. Instancia ésta que explica su constante incremento. En otras palabras, el origen y propagación del problema fiscal.
Ahora bien, sin entrar a debatir cómo está compuesto el gasto público en Argentina, si se presta atención al pormenorizado detalle enunciado de los «pasivos heredados» en las escalinatas del Congreso, encontramos las claves de las decisiones consumadas, cimientos del programa económico. El presidente enunció que Argentina debía: a los importadores u$s 30.000 millones (luego ascendería a U$S 51.000 millones), a las empresas extranjeras uss 10.000 millones en concepto de utilidades retenidas, a los acreedores del Banco Central -con sus pasivos en leliqs-e YPF, otros u$s 25.000 millones y la deuda del Tesoro, por pagos pendientes es decir deuda flotante- sumarian unos u$s 35.000 millones adicionales.
A esto debería sumarse vencimientos de deuda, donde los nominados en pesos serían equivalentes a u$s 90.000 millones y de u$s 25.000 millones con organismos multilaterales de crédito. En resumen, el Jefe de Estado reconoció, públicamente, que la deuda exigible era de u$s215.000 millones. Cifra a la que debería sumarse el stock de la deuda pública externa vigente en aquel momento que rondaba los u$s 403.000 millones según el último registro disponible a la fecha del 10 de diciembre. Hasta aquí enunciación de la herencia». Y la comprensión de las «razones» de sus primeras medidas de gobierno: fechas y destinatarios.
Así aparecieron en escena la emisión de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) el 26 de diciembre; la transformación de Pases Pasivos por las Leliqs (publicada en la madrugada del 13 de diciembre), junto con el anuncio de una mega devaluación del peso del 118% (13 de diciembre), la emisión de letras del Tesoro para reemplazar las leliqs y pagar deudas con proveedores (21 de diciembre), el restablecimiento de las negociaciones con el FMI para habilitar nuevos (o adelantar) desembolsos (5 de enero de 2024), aprobar en el parlamento sendos Convenios de Doble Imposición Internacional con varios paises que tienen empresas e intereses en Argentina y que pretenden reducir el pago de sus impuestos a las ganancias, etc. etc. Un conjunto de medidas rápidas, ejecutivas y por fuera de la Ley Omnibus o DNU- que claramente se alinean a las consignas formuladas en las escalinatas de la Legislatura y cuyas prioridades no caben dudas de que fueron muy cuidadas, así como a sus beneficiarios.
También llamó la atención que en su discurso inicial jamás pronunciara las palabras: deuda previsional, jubilados, pensionados, ni deuda social o desempleados, por ejemplo. Aquí no hubo «reconocimiento de deuda. Ni mención de sus posibles secuelas. En definitiva, hubo acreedores que no fueron incluidos en la «quiebra». Tal vez porque, en realidad, a la larga, serian señalados como los principales «deudores que debían cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de sanear los desbarajustes que causaron.
En síntesis y para concluir, vale una reflexión realizada por el profesor Galbraith de los Estados Unidos cuando refería a la categoría de «Estado Corporativo» para describir las circunstancias en las que las grandes corporaciones de sectores estratégicos cooptan los sectores públicos y condicionan la regulación jurídica en favor de sus intereses privados. No vaya a ser que estemos protagonizando la construcción de otra nueva -y triste- experiencia global.
Por ahora, los hechos y sus entrelineas- lo confirman.
*Ex subsecretario de Hacienda de la Nación, profesor de la UNR y la UBA
