Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires
La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una megasesión donde la Alianza Cambiemos (UCR-PRO) espera avanzar con tres proyectos de ley cruciales en materia económica: el Presupuesto 2017, el límite a los superpoderes del jefe de Gabinete y el régimen de participacio público-privada (PPP), que causó profundas polémicas y que será el primer tema a tratar en la sesión de este miércoles.
En segundo término se debatirá el Presupuesto para el año próximo, que a nivel macroeconómico prevé un PIB del 3,5%, inflación del 17%, dólar a $18 y un déficit del 4,2%, junto con el límite a la facultad que tiene el jefe de Gabinete de reasignar partidas sin el aval del Congreso, que se fijo en 7,5% para 2017 y 5% para 2018, y además se establece un tope del 15% para las reasignaciones que impliquen una transferencia de gastos de capital a gastos corrientes.
Respecto del controvertido proyecto de Participacion Público-Privado que tuvo un resonado fracaso por el rechazo sufrido en el recinto de Diputados el miércoles pasado, la iniciativa tuvo este martes un nuevo dictamen en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara baja. Sobre las reformas al proyecto y sus alcances, Conclusión habló con el diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna, quien ponderó las modificaciones que su bloque logró introducir al texto de la ley.
La iniciativa que había sido propiciada por la Alianza Cambiemos (UCR-PRO) fue modificada en primera instancia por el Senado y se aguardó a que Diputados la analice para darle su aprobación en la sesión de este miércoles.
Según Lavagna, el proyecto que «llegó a Diputados luego de ser enviado por el Senado, tenía una trilogía imposible de aceptar, poseía un objeto muy amplio, es decir se podía hacer cualquier cosa con los mecanismos propuestos por el Ejecutivo, tenía ademas controles muy débiles, y por otro lado consentía una prórroga de jurisdicción». Y agregó: «La combinación de estos 3 factores lo convertían en inviable».
—¿Cuáles fueron las reformas que permitieron hacerlo aceptable para que el Frente Renovador decidiera acompañar el dictamen del oficialismo?
—Con respecto al objeto, logramos que se limite el alcance sobre los servicios públicos, es decir no podían coexistir dos servicios públicos similares con distintos marcos regulatorios, se logró que sea una única ley que regule a ambos, que es la ley que para estos casos está en vigencia. Se le ajustó el control de la operatoria mediante la creación de un bicameral que tendrá acceso a cada uno de los proyectos que se estén elaborando, a los pliegos licitatorios, además se agregó un control en todas las etapas, además mayor requirimiento a los informes que tienen que justificar de porqué se elije hacer un régimen de participación pública-privada y porqué no la contratación de obra publica.
—Respecto de los montos para encarar las inversiones, ¿qué porcentual máximo se puede afectar en relación al producto bruto para ser utilizados por este tipo de herramientas?
—En primer lugar se establece que no se puede hacer cualquier tipo de obra, esto obliga a priorizar cuáles serán los emprendimientos permitidos para hacerse beneficiario de este régimen, que tendrá un tope que estará relacionado con no pasar el porcentual que se fijó sobre el producto.
—En relación al compre nacional y la participación de las pymes nacionales en estas iniciativas, ¿qué reforma propusieron?
—Se fijó que podrán participar hasta un tercio como mínimo del producto las pequeñas y medianas empresas y otras empresas de capital nacional. Y que en los pliegos y demás documentación contractual se deberá garantizar que los bienes y servicios provistos tengan, como mínimo, un 25% de componente nacional.
—¿Fue posible eliminar la injerencia de tribunales internacionales en actividades comerciales en territorio nacional?
—Sobre la prórroga de jurisdicción se incorporaron etapas previas para solucionar controversias con la intervención de paneles técnicos que deberán estar constituidos además por universidades, para darle independencia y que no se generen dudas.
—Hubo críticas de legisladores de la oposición y del Frente Renovador porque no se publicarían en el Boletín Oficial las actividades realizadas por medio de esta ley, ¿cómo se subsanó esa objeción?
—Con la creación de la bicameral, lugar en el cual recalarán todos los proyectos PPP, se tendrá acceso a los mismos antes que se llame a licitación para ver los pliegos, y que todas estas iniciativas PPP deban ser aprobadas necesariamente en la Comisión de Presupuesto o en una ley específica donde se apruebe el proyecto y se logre darle el marco legal del control que debe ejercer el Congreso.
—¿Cuál será el plazo máximo que estipula el proyecto para una explotación, en caso que sea un particular el titular responsable de dar un servicio, energía por ejemplo?
—La firma de los contratos pueden llegar hasta los 35 años, y fue necesario darle claridad a la regulación que establece la ley en esta materia.
—La legislación en la cual quedarán comprendidos los trabajadores ¿será la que estipulan los convenios colectivos de trabajo argentinos?
—Se fijó que la legislación laboral será la que tenga jurisdicción nacional, no habrá otra normativa que no sea la argentina, solo será posible la intervención de tribunales extranjeros en términos de dirimir conflicto sobre los contratos que se firmen, y se consignó en la reforma que debían participar dentro de este régimen las actividades que mayor cantidad de mano de obra generen para el mercado local.
La oposición señaló que la esencia de la ley no se modificó y que se trata de mera cosmética. La preocupación fundamental estriba en la posibilidad de doble endeudamiento establecido en la ley de Presupuesto y la ley de participación público privada. El capítulo que refiere a la participación de las pymes y la falta de claridad por que no será publicado en el Boletín Oficial la actividad de las empresas que se adhieran a este Régimen.
Previo al debate por el régimen de Participación Público-Privada (PPP), el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, recibieron este martes a los jefes de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, quienes habían mostrado sus reparos a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
El encuentro dio como resultado que los contratos de PPP tendrán un 33% de participación nacional, por encima del 25% fijado en un principio. El proyecto así terminado será tratado mañana, junto con el Presupuesto 2017 y el límite a los superpoderes.
Foto: Conclusión
Senado: dictamen favorable para extender licencia por maternidad y paternidad
Senado: dictamen favorable para extender licencia por maternidad y paternidad
