El Gobierno nacional creó el Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera, con el fin de «asistir financieramente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales». La Secretaría de Hacienda será la encargada de determinar en qué moneda se pagará y en qué cantidad.
La Resolución 731/19 , publicada esta mañana en el Boletín Oficial, pretende ser una «asistencia financiera» para aquellas provincias que tomaran deuda con el Estado Nacional a partir de la compra de Letes y Lecaps, y que a partir del reperfilamiento de la deuda, «tienen dificultades para acceder a un financiamiento que les permita atender su déficit financiero» y poder afrontar el pago de los salarios de los trabajadores y de los servicios brindados por los distintos distritos.
Este programa de recomposición se instrumentará «contra la cesión de los títulos representativos de deuda pública», es decir que la Nación comprará esos bonos a los Estados provinciales que se encuentren registrados bajo la titularidad de las jurisdicciones al 31 de julio de este año.
La urgencia de las provincias por resolver la cuestión financiera se da en el marco de la caída de la recaudación en los diferentes niveles estatales, la restricción hacia las entregas coparticipables, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación, que incrementa el peso del pago de los intereses de la deuda externa.
El artículo 3 de la Resolución remarca que es la Secretaría de Hacienda del homónimo Ministerio la que se encargará de determinar «la moneda de asistencia y su cantidad, en función de las necesidades financieras de las respectivas jurisdicciones, y de acuerdo con la información que brinde la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y para dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que fueren necesarias». Según éste mismo artículo, la Secretaría dirigida por Rodrigo Pena deberá impulsar las medidas pertinentes para que las provincias cuenten con el financiamiento para la implementación del Programa de Asistencia.
Los ministros de Economía de los distritos esperan ser convocados en los próximos días para discutir las cuestiones más finas de este acuerdo. Para esto, las provincias deberán firmar un «convenio de asistencia» con el director del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, organismo fundado durante el gobierno de Carlos S. Menem con los objetivos de «asistir y financiar programas de desarrollo, mejorar la eficiencia y fortalecimiento de los sectores de la economía real, la educación, justicia, salud y seguridad», y en cuyo marco se instrumentará el programa creado por la resolución 731/19.
Según datos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la provincia de Buenos Aires invirtió unos 500 millones de dólares en los títulos defolteados entre Letes y Lecaps, seguida de San Juan (234 millones), Mendoza (205 millones), la Ciudad de Buenos Aires (123 millones), Río Negro (83 millones), Salta (35 millones), Formosa (20 millones), Santa Fe (20 millones), Catamarca (15 millones) y La Rioja (13 millones). Estos distritos apenas si habían podido cobrar el 15%, mientras que el monto restante pasó al nuevo cronograma, el cual todavía ni siquiera fue aprobado por el Congreso, dado que el proyecto de reperfilamiento de la deuda apenas si tiene estado parlamentario en diputados.
