El primer mes de Milei como presidente: empujón inflacionario, plan desregulador y la nueva grieta que cavan a diario
La agenda que el Gobierno desarrolló en estas semanas tiene al menos tres aristas que pueden ser descriptas y analizadas: la práctica, la simbólica y la discursiva, que interactúan entre sí permanentemente, pero pueden subdividirse
Por Lautaro Zeballos
Entre el vértigo y la aspiración refundacional, el presidente Javier Milei atravesó su primer mes al frente de la Casa Rosada. Los días iniciales estuvieron marcados por la improvisación de un equipo de Gobierno que arribó al Poder Ejecutivo sin el número de colaboradores necesarios para atender una administración estatal amplia y diversa, pero luego vinieron los anuncios desreguladores que, al sumarse, fueron agigantando el paquete de reformas que entró en discusión parlamentaria y judicial.
La agenda que Javier Milei desarrolló en estas semanas tiene al menos tres aristas que pueden ser descriptas y analizadas: la práctica, la simbólica y la discursiva, que interactúan entre sí permanentemente, pero pueden subdividirse. En el primero de estos puntos aparecen los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo -dilatados hasta el hartazgo en aquella jornada del 12 de diciembre de grabación y regrabación del mensaje-; la cadena nacional del presidente que, escoltado por todos sus ministros y el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, comunicó 30 medidas que formaban parte de un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 83 páginas y 366 artículos; y el envío al Congreso del -ampulosamente denominado- proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».
En su mensaje, Caputo dispuso una devaluación del 54% del tipo de cambio oficial, un aumento del impuesto País, una suba de retenciones a las exportaciones, la suspensión de la pauta publicitaria nacional por un año y la decisión de no renovar contratos laborales que el Estado haya firmado en 2023. Asimismo, comunicó la reformulación de ministerios y secretarías; la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales del Gobierno nacional a las provincias; el cese de la licitación de obra pública nueva; y la quita gradual de subsidios a la energía y al transporte.
El 20 de diciembre, Milei encabezó aquella cadena nacional que confirmó el contenido del DNU que Federico Sturzenegger, un hombre sin cargo designado oficialmente en el organigrama de Gobierno, había publicitado por redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes que mostraban al ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri junto a un documento amplísimo encontraron ratificación horas más tarde, cuando se conoció la totalidad de los artículos que contenía el decreto y la variedad de las áreas sobre las que avanzaba con la desregulación. Muchos problemas que antes eran registrados por mala implementación de una normativa o deficiencias en la legislación, ahora pasarían a ser reemplazados por nada, un hueco sin ley. Como si un hincha de fútbol enojado con el funcionamiento del VAR, en vez de corregir el uso de la herramienta, decidiera terminar con las tarjetas rojas y amarillas.
El DNU entró en vigencia el pasado 29 de diciembre, derogó la Ley de Alquileres; la Ley de Abastecimiento; la Ley de Compre Nacional; el Observatorio de Precios; la Ley de Góndolas; la Ley de Promoción Comercial; la Ley de Tierras; y la Ley de Manejo del Fuego, a la vez que habilitó la posibilidad de que los clubes pasen a constituirse como Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Además busca -entre otras cosas- avanzar en una reforma laboral que elimina las penalidades para los empleadores que registren mal a sus trabajadores, extiende el período de prueba de 3 a 8 meses y limita la posibilidad de los empleados a convocar asambleas «para que las personas no pierdan productividad».
Todo el Decreto de Necesidad y Urgencia cosechó amparos presentados ante la Justicia, pero el capítulo laboral es el que generó medidas cautelares que suspendieron preventivamente la aplicabilidad de esa parte de las reformas. Lo que no tuvo parate fue el afán reformista del Ejecutivo. Apenas una semana después de la presentación del DNU, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos» -popularmente conocida como «Ley Ómnibus». Un documento de cientos de páginas y 664 artículos que apuntan a cambiar, anular o instalar legislación en una cantidad inmensa de áreas y actividades, pero que sobre todas las cosas apunta a declarar la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de que el propio presidente pueda decidir extenderla hasta el final de su mandato. Una suma de facultades que le permitiría evitar muchas veces el trámite parlamentario para ejecutar las políticas que considere adecuadas para los ejes enumerados.
En efecto dominó, los anuncios y debates fueron superponiéndose unos a otros. El mensaje regrabado de Caputo parece historia lejana y sucedió hace tan solo un mes. En sintonía, los paquetes de cambios son tan amplios -van desde modificaciones en el código penal para ir contra quienes organicen manifestaciones «de tres o más personas» hasta reestructuraciones en el marco regulatorio de los Biocombustibles o en el sistema electoral- que complejizan el estudio y el debate de cada uno de estos ítems. Saturan el Congreso, pero también dividen a las asociaciones y organizaciones que en la urgencia pasan a efectuar un reclamo sectorizado, que prioriza los artículos que los afectan directamente.
El relato oficialista tiene como principal actor al vocero presidencial Manuel Adorni, que diariamente encabeza una conferencia de prensa en la que brinda algunas comunicaciones y responde las preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada. El funcionario es el encargado de trazar una línea divisoria que ganó profundidad con el correr de los días. Una grieta que separa a los que el Gobierno llama «argentinos de bien» -donde se engloba- de los demás. Esta nueva grieta se acentuó con la aparición de los amparos contra el DNU y los desacuerdos que parte de la política marcó ante la Ley Ómnibus. En las últimas apariciones, Adorni llegó a decir que sin la aprobación en el Congreso, el país «no podrá dejar atrás esta pobreza, ni la encerrona inflacionaria; ni el cepo; ni vendrán inversiones». Por lo tanto -planteó- quienes no respalden al Ejecutivo en sus intenciones, «tomarán la decisión de elegir la decadencia».
Este «ellos y nosotros» tiene un doble sentido. Por un lado, desresponsabiliza al Ejecutivo por la escalada inflacionaria que sobrevino tras la devaluación que el propio Caputo anunció y las desregulaciones económicas efectuadas, al tiempo que le tira la pelota a los legisladores, y por otra parte se posiciona como un actor con respaldo mayoritario que debe lidiar con una oposición en diáspora; minorías intensas que ponen palos en la rueda a la -según se la presenta- única salida posible.
La Libertad Avanza trabaja además el plano simbólico al mostrar en cuotas parte de los problemas que efectivamente tenía la administración estatal en su funcionamiento y expone supuestos privilegios, momentos que forman parte del inicio de las conferencias de Adorni. En el fondo, el primer mes de Gobierno expone cierta desconexión con la cotidianeidad de los ciudadanos de sectores medios y bajos, para los que un 30% de inflación en diciembre también es un «numerazo», como dijo el presidente Milei, pero con distinta connotación.