La Federación Agraria Argentina (FAA) reiterará sus reclamos al gobierno nacional para que intervenga en lo que consideran un atropello de la multinacional Monsanto sobre la producción, la metodología instrumentada por la multinacional fue calificada como un sistema de “retenciones privadas” acordada entre la corporación y los exportadores, modalidad que se aplicaría a partir de hoy y permitiría a Monsanto “tener el control sobre cada grano de soja que pretenda exportarse desde el país, quedándose con un porcentaje de cada tonelada que posea su tecnología”.
El vicepresidente segundo de la FAA, Jorge Solmi, afirmó: “Monsanto intenta determinar qué cantidad de semillas de soja tienen la tecnología que desarrolla –el gen RR2, que entre otras cosas vuelve a la planta resistente al glifosato–, la cual le vende a los semilleros como Nidera y Don Mario, para quedarse al momento de la venta con un porcentaje que ronda el 8 por ciento por tonelada de soja y sus derivados que sean exportados”.
El referente de los productores agropecuarios sindicó que esta situación representa un abuso de poder por parte la multinacional, que desde su posición dominante “impone sus propias reglas a la cadena de comercialización, y las consecuencias terminarán afectando a los productores”.
En el mismo sentido, Solni mostró su preocupación por la falta de información de los productores, quienes “sin saber y sin querer, consienten que Monsanto se quede con parte de su cosecha en concepto de regalías”, más allá de que hayan pagado para adquirir el producto.
Para Federación Agraría, la “supuesta regalía” debió resolverse en el marco del vínculo comercial que posee la compañía con los semilleros que incorporan su tecnología a las semillas que cada año liberan al mercado argentino.
Solmi alegó el grado de irregularidad con el cual Monsanto pretende instaurar con este sistema: “En los silos de las acopiadoras se mezclan todos los granos de soja, ¿cómo va a saber Monsanto qué soja tiene su tecnología? Es evidente que lo que quieren es cobrarles a todos”.
“El Estado debe intervenir para salvaguardar la soberanía productiva y los derechos de los productores. Debe regular estos contratos firmados entre Monsanto y las exportadoras”, aseguró el dirigente.
Antecedentes
La política de Monsanto sobre la producción argentina se desarrolla desde hace tiempo y existe un antecedente legal en el cual fue la Justicia europea impidió que la multinacional se apropiara de una gran cantidad de harina de soja argentina.
Desde la Federación Agraria Argentina, recordaron que el uso de semillas modificadas geneticamente en cultivos fue aprobado en 1996. Desde entonces, Monsanto pretendió cobrar regalías por el “derecho intelectual” sobre las semillas producidas en la Argentina, pretensión a la cual se negaron tanto FAA como el gobierno nacional.
Motivo por el cual , en 2006, la multinacional intentó por vía judicial, evitar la descarga en Europa de varios vapores con harina de soja producida en la Argentina, alegando que Argentina era deudora de regalías por supuestas patentes. Pero el tribunal europeo denegó por medio de un fallo su pretensión.
El traspié sufrido por Monsanto, crispó los ánimos de la multinacional y, a pesar de los intentos de la corporación para modificar la ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, los productores han ejercido el derecho al uso propio de semillas.
