Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que los países con regímenes más rígidos tienen más trabajadores en blanco.
La oposición busca impulsar un proyecto de ley para eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un seguro de desempleo, y se basan en un informe desarrollado por el Fraser Institute, un centro de investigación libertario de Canadá, que señala que el resarcimiento por cesantía agrega rigidez a un contrato laboral, entre otras medidas que protegen al trabajador como son el salario mínimo, la negociación colectiva, el límite horario a la jornada de trabajo y el modo de reclutamiento.
Según el estudio en Latinoamérica, los países más flexibles no son los que crean más empleo en blanco sino que en varios casos cuentan con altos índices de trabajo informal y desocupación. Por ejemplo: Perú lidera el ranking de flexibilidad con 6,9 puntos, sin embargo, el 67,8% de sus trabajadores, tanto en relación de dependencia como independientes, están en negro y el desempleo alcanza al 7,5%, remarca la OIT.
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La Argentina está novena entre los 18 países evaluados en Latinoamérica por el Fraser, con 5,1 puntos, y tiene menos trabajo informal, un 47,9%, aunque más desocupación, un 10,2%.
Después de Perú aparece República Dominicana, con 6,1 puntos, con un trabajo en negro del 52,7% y un desempleo del 8%. El podio de la flexibilidad lo completa Costa Rica, con 6 puntos, un empleo no registrado del 38%, pero una desocupación del 18%.
De acuerdo a este índice, los países con más trabajo en blanco de Latinoamérica son: Uruguay, con el 22,6% de empleo en negro y un indicador de flexibilidad laboral de 5,9 puntos, el cuarto más alto de la región; Panamá, con 25,7% y Chile, con 27,2%, ambos con 5 puntos, tienen marcos laborales un poco más que rígidos que el de la Argentina.
En el 2019, cuando se cumplieron 100 años de la OIT, se acordó allí que sus tres objetivos centrales fueran los aumentos de las inversiones en «las capacidades de las personas, en las instituciones del trabajo y en el trabajo decente y sostenible».
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En el Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, se limitaron a criticar el índice del Fraser Institute por «problemas metodológicos» y no analizaron su impacto en el empleo en Latinoamérica. Cuestionaron que ese think tank valorara como positivo la máxima duración de los contratos temporarios, su utilización para actividades regulares o que los pasantes o los jóvenes que debuten en el mercado de trabajo reciban menos que un salario mínimo, lo que, según Trabajo, «atenta contra el principio de la OIT acerca de ‘igual paga para igual tarea'».
