Por Lautaro Zeballos
Las cooperativas recibieron el sacudón de los anuncios realizados por el gobierno nacional el pasado 27 de marzo, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció miles de suspensiones y adjudicó un paquete de supuestas irregularidades para justificarlas. Aun así, dicho cimbronazo estuvo lejos de debilitar al sector, que decidió articular respuestas en diferentes niveles y salir a aclarar el paquete de mentiras que difundió el portavoz para atacar al modelo asociativo.
La distancia entre los dichos y los hechos apareció marcada al poco tiempo. Adorni planteó que el «Ministerio de Capital Humano va a controlar y depurar el padrón nacional de cooperativas, que reviste innumerables irregularidades, y se va a suspender la operatoria de todas las creadas entre el 2020 y el 2022». Además, según el funcionario, «se van a inspeccionar 4.355 cooperativas creadas en el 2023 y se retirará la autorización para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en el 2019».
Y argumentó: «El padrón nacional de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años. El 72% de ellas fueron constituidas entre el 2020 y 2022, el 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% usaron el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio. Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación de legalidad».
Todos estos números fueron expuestos con tono de sentencia y repudio, pero en los días posteriores apareció la letra fina de las disposiciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), donde -tal destacó el ex integrante del directorio del organismo nombrado, Nahum Mirad, en declaraciones a Conclusión– se plantearon criterios «completamente previstos en la normativa» para que «las organizaciones se pongan al día».
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«El Inaes dice (en estas resoluciones) que aquellas organizaciones que hace dos o tres años no presentan balances, adeudan algunos papeles u obtuvieron la matrícula y nunca gestionaron el Cuit, tienen que demostrar que hay actividad. Hoy tenemos un padrón en el que se están adeudando determinados requisitos que el Inaes, como organismo de control, tiene que seguir exigiendo. Entonces, lo que se hace es plantear un tiempo, que es de 30 o 60 días, dependiendo el caso y la documentación adeudada, para ponerse al día. ¿Mientras tanto qué se hace con esas matrículas? se las suspende hasta tanto se regularice la situación para poder volver a poner en funcionamiento la cooperativa», explicó Mirad.
De esta forma, el ex integrante del directorio del Inaes resaltó que, más allá de la verborragia condenatoria del vocero presidencial, no hubo ningún retiro de matrícula ni se cerraron cooperativas.
En su conferencia de prensa del 27 de marzo, Adorni señaló que “había 300 cooperativas relacionadas con el plan Potenciar Trabajo, en las que se destinaban 34 millones de dólares”, y apuntó: “Las cooperativas pasaron en los últimos años de 9.978 a 23.836, otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”.
Para Mirad, la medida fue presentada con «una especie de terrorismo psicológico social», porque se asoció al sector cooperativo con «cajas negras de la política y lugares irregulares que nos cuestan a todos», pero al desarmar la argumentación aparece claramente la distancia entre el grupo reducido de organizaciones vinculadas al Potenciar Trabajo -que no deja de ser solo una política de Estado- y el total de cooperativas suspendidas.
«Estas cooperativas, desde el punto de vista del Inaes, no le cuestan un peso al Estado porque el Inaes lo único que hace es otorgarles una matrícula. No se le paga a la cooperativa por existir», aclaró el ex directivo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
El ex integrante del directorio del Inaes, Nahum Mirad (Foto: archivo)
Días atrás, también en contacto con Conclusión, el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic), Manuel Leiva, salió a desarmar los argumentos que el Gobierno nacional utilizó para justificar la suspensión de miles de actores del sector cooperativo y señaló que, detrás de la decisión, está camuflado un ataque directo a un modelo productivo y asociativo que el oficialismo desprecia.
Desde la Federación resaltaron particularmente el desconocimiento de los funcionarios y la nula voluntad por adquirir dicho saber antes de avanzar en la toma de decisiones, sobre todo porque el sector cooperativo y mutual representa el 15% del PBI argentino y es el principal proveedor de servicios públicos, porque las empresas tradicionales muchas veces no quieren abrir líneas de negocios en pueblos pequeños o en el interior del país porque no lo consideran beneficioso.
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Al hacer foco en Santa Fe, estos puntos que identifica la Facttic están presentes con notoria sensibilidad. El coordinador institucional de la Asociación Mutual del Personal de Agricultores Federados Argentinos, Roberto Bereciartua, hombre de reconocida experiencia en el movimiento cooperativo y mutual local, contó a Conclusión que en las últimas jornadas estuvo realizando un desglose del listado completo de suspensiones para reconocer, en primera instancia, qué cooperativas operan en territorio santafesino. Dicha nómina -dijo- ahora será trabajada en conjunto con el gobierno provincial verificar cuál es la intervención adecuada en cada caso.
“Generalmente, hay muchas cooperativas y mutuales que a través del tiempo dejan de presentar memorias y balances y se hace un sumario de suspensión porque no hay ninguna señal de vida de reactivarla por parte de sus fundadores o asociados. Así que es normal que haya suspendidas, no dice nada nuevo Adorni. Junto con el gobierno provincial nos pusimos a depurar e identificar a las que necesitan una ayuda urgente dentro de los 30 días, y a las otras que ya no existen porque sus fundadores o asociados no quieren que sigan existiendo -cosa que a veces es natural», relató Bereciartua.
El referente del sector dijo a este medio que, al hacer el desglose de las suspensiones, encontraron varias cooperativas de servicios públicos que fueron sancionadas y -según supone- ni siquiera los intendentes de las localidades santafesinas en las que operan deben estar al tanto. “Son lugares en los que, sin ellas, no funciona la luz, el gas o la fibra óptica. Este Gobierno es un combo de ignorancia y malicia. Ambas cosas van de la mano”, aseveró Bereciartua.
Los distintos actores que dialogaron con Conclusión marcaron que hay diferentes escenarios sobre los que tendrán que intervenir de urgencia debido a la decisión tomada por el Ejecutivo. Por un lado, están aquellas cooperativas que tienen atrasos en la presentación de balances -muchas veces a raíz del costo que tiene hacer dicha presentación-, pero que tienen actividad cotidiana; por otro, las que figuran como suspendidas, pero en realidad no tienen operatoria desde hace mucho tiempo; y, por otra parte, algunas organizaciones que el Gobierno suspendió con -según explicaron- causas que no ameritan sanción, como la deuda de un único balance anual.
Cada caso deberá ser depurado de la lista total de suspensiones para poder colaborar con las organizaciones activas y asegurar que puedan seguir operando. Para facilitar este trabajo, la Facttic y la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social (TES) lanzaron una plataforma de asistencia solidaria para cooperativas afectadas por la medida.
Se trata de una plataforma en línea, accesible desde cualquier navegador (a través del link https://cooperativas-suspendidas.sutty.nl/), que permite buscar cooperativas y mutuales por su nombre o razón social, CUIT o matrícula. El resultado arroja rápidamente si se encuentra afectada por la medida anunciada y recomienda pasos a seguir para poder continuar operando, así como canales de asistencia.
