El ex titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak, negaron hoy ante la Justicia tener pruebas en relación al presunto pago de sobornos a funcionarios de la gestión kirchnerista para acceder a obras públicas, con lo cual ambos relativizaron el alcance de las afirmaciones que habían realizado a poco de conocerse la detención del ex secretario de Obras Públicas, José López.
En tanto la Justicia avanzaba hoy en la investigación de más de 40 llamados hechos desde un teléfono celular a nombre de José López durante las 24 horas previas a ser apresado cuando arrojaba bolsos con un total de casi 9 millones de dólares al predio de un monasterio en la localidad bonaerense de General Rodríguez.
Por lo pronto, un informe preliminar dio cuenta de los llamados entrantes y salientes de una línea telefónica a nombre de López, pero -según declaró hoy una testigo ante el fiscal federal Federico Delgado- se trataría de un número que usaría de manera habitual su esposa, Amalia Díaz, también imputada e investigada por supuesto enriquecimiento ilícito.
Si bien en un principio los investigadores creyeron que se trataba de llamadas hechas por el propio López, luego, a partir de la declaración de la testigo, surgió la duda de si, efectivamente, se trataría de la línea utilizada por el ex secretario de Obras Públicas.
Es que, según las afirmaciones de la testigo, ese teléfono solía ser usado por la esposa del ex funcionario, por lo cual los investigadores solicitaron informes a compañías telefónicas para determinar la titularidad de las líneas a las que se llamó y de las que se recibieron llamadas las 24 horas previas a la detención de López, ocurrida en la madrugada del 14 de junio pasado.
No obstante, uno de los datos certeros arrojados por el informe preliminar de las pericias sobre el teléfono es que ese celular recibió un llamado a las 3.15 de la madrugada del martes 14.
Además, desde esa línea también se llamó al convento de General Rodríguez y a otro teléfono que estaría registrado a nombre de una de las religiosas que viven allí, la hermana Alba.
En tanto, al declarar hoy como testigo en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al detenido ex secretario de Obras Públicas, el ex titular de la UIA relativizó sus dichos acerca de la existencia de un entramado de corrupción en torno a la obra pública durante la gestión kirchnerista al señalar que “ninguna de las empresas industriales” que forman parte de esa entidad “participó como contratista del Estado” y que él mismo tampoco había participado de “ningún negocio con el Estado”.
“Hice un comentario general. Realicé declaraciones en un tema que era de dominio público”, aseveró Méndez ante el fiscal Federico Delgado sobre las afirmaciones que había realizado en distintos medios periodísticos luego de la detención del ex secretario de Obras Públicas.
En ese marco, remarcó no haber participado personalmente de “ningún negocio con el Estado”, como así tampoco “ninguna de las empresas industriales que forman parte de la UIA”.
Sin embargo, afirmó, aunque sin aportar pruebas al respecto, que existía un “tácito pacto de silencio” por el cual «nadie investigaba ni preguntaba cuál era la relación entre cada uno de los empresarios con los funcionarios públicos», con lo cual «cada compañía maneja su silencio con el Estado».
Por otro lado, sostuvo que, cuando en declaraciones periodísticas había señalado que él también había sido “cómplice de muchas cosas”, se había referido, en verdad, al «destrato» y al «avasallamiento» del sector industrial por parte de “los funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.
“Tenían actitudes que avasallaban al sector industrial y yo las tuve que soportar como presidente de la UIA, mirando hacia otro lado, para que mis representados no se vieran perjudicados”, aseveró Méndez al declarar como testigo en la causa que tramita en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas.
Allí, remarcó que “ninguna de las empresas industriales» que forman parte de esa entidad «participó como contratista del Estado» durante la gestión del Frente para la Victoria.
Ya fuera del despacho y en declaraciones a la prensa, Méndez consideró que, si hubo delitos, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, «no podía hacerse el desentendido».
Méndez dijo que sus declaraciones periodísticas vinculadas a que a la obra pública se le decía «Movicom» -en referencia al supuesto pago del 15 por ciento del monto en coimas- fueron un «comentario general».
«Hice un comentario general, se decía ‘Movicom’ desde hace 15 años, en lo que respecta al 15 por ciento de comisiones que aparentemente cobraban los funcionarios públicos para que los empresarios pudieron adjudicarse licitación de obra pública. Yo no participé de ningún negocio del Estado ni ninguna de las empresas de la UIA participó», agregó.
Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción consideró que, luego del cambio de gobierno, se supo que empresas del detenido Lázaro Báez cobraban antes que las demás y tenían anticipos de obra, mientras que el resto arrastraba deudas con siete meses de retraso.
Sin embargo, al igual que lo hizo luego Méndez, negó saber algo sobre pago de retornos para la adjudicación de obras públicas.
«No soy yo ni la Cámara Argentina de la Construcción la que tiene esa información», dijo esta mañana Chediak ante el fiscal Federico Delgado en el quinto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py.
En tanto, en relación a sus dichos periodísticos, por los cuales fue citado a prestar declaración testimonial, Chediak aclaró que lo que dijo sobre el conocimiento de los hechos por parte de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el detenido ex secretario de Obras Públicas, López, se refirió a la existencia de la deuda con los contratistas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
En este sentido, Chediak aludió a una deuda por parte de Vialidad por 11,5 millones de pesos entre el 2007 y 2015.
En tanto, en el marco del mismo expediente, que tramita en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, fue ordenado un cruce de llamados sobre otras tres líneas telefónicas que estarían a nombre de José López.
En la causa a cargo del juez federal Rafecas y del fiscal Federico Delgado, se pudo reconstruir algo del trayecto que hizo la persona que tuvo en su poder el celular de López en esas horas, en base al rastreo de antenas de las compañías telefónicas.
En ese marco, se estableció que se hizo un recorrido desde la casa de López en la zona del Dique Luján, en el Delta bonaerense, a un edificio en el barrio porteño de Recoleta y, luego, se pasó por Benavidez y la zona de Nordelta, en el Tigre.
