Uno de los sectores más perjudicados por la pandemia fue el del transporte, que hace más de quince meses no trabaja con normalidad.
Las empresas de transporte de larga distancia nacional e internacional emplean a 16.000 personas y cuentan con un parque automotor de 3600 unidades en todo el país, operan con una capacidad ociosa del 75% al 80%. O sea, 12.000 de sus empleados están suspendidos, cobrando cerca del 75% de sus salarios a la espera de una reactivación del sector.
Hace años que sector sufre pérdidas, ya que, previo a la pandemia, registró una caída de 39% en ocho años. Baja impulsada por la pérdida de poder adquisitivo de la gente, que recortó los viajes, y quienes pudieron viajar se vieron tentados por el surgimiento de las aerolíneas low cost. Todo esto influyó en un abrupto descenso del pasaje.
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En 2020, los micros no pudieron operar durante nueve meses hasta que la apertura en diciembre del año pasado les dio un respiro. Pero este reinicio no colmó las expectativas, ya que los viajes cayeron un 80% en promedio de forma interanual. Es que sumado a las restricciones por el Covid-19 apareció el lógico temor de los viajeros a los contagios.
Por eso, desde el sector continúan pidiendo que se declare la Emergencia del sector, así como líneas crediticias o la exención del pago de peajes nacionales.
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En la última paritaria de la actividad firmada por la Unión Tranviara Automotor (UTA) para larga distancia, se estipuló que para el caso del personal suspendido por el artículo se pagará una prestación no remunerativa de $42.000 para los meses de marzo y abril y $48.000 para mayo y junio.
Además, se fijó una transferencia multimillonaria para que las firmas sostengan los puestos de trabajo.
