De a un millón por mes, los argentinos caen en la pobreza como consecuencia de la disparada de la inflación y la devaluación del peso que tuvo lugar en diciembre, tras la asunción del gobierno de Javier Milei. Los números son preocupantes y amenazan con profundizarse dado el rumbo económico adoptado.

A este paso, a fines de febrero habrá más de 23 millones de personas en condiciones de pobreza, con dificultades serias para llegar a cubrir sus gastos del mes. Es un escenario dramático, propiciado por una gestión gubernamental que privilegia el «orden» macroeconómico, que los números fiscales cuadren, descuidando y desinteresándose de lo micro, la realidad del ciudadano día a día.

En los últimos tres meses, cayeron en la pobreza 3,6 millones de argentinos más y, a enero, hay 46,8% de pobres, lo que representa unas 22 millones de personas, según un trabajo de la Universidad Di Tella.

En apenas tres meses, por la devaluación y el salto del valor de la canasta básica, se agregaron 3,6 millones de nuevos pobres, provenientes de la clase media profesional y asalariada. Tener empleo y ser profesional ya no evita caer en la pobreza en la Argentina.

Según el analista económico Martín Rozada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Di Tella, para enero la proyección estaría dando un 46,8% de pobres, lo que equivale a 21,8 millones de personas si se proyecta esa tasa a todo el país, incluyendo la población rural.

La inflación de enero fue del 20,6%, pero en las regiones o provincias más pobres la suba promedio de los precios fue superior.

 

En ese mes, la canasta de pobreza para una persona adulta fue de $193.146 y para una familia tipo de $596.823, sin considerar el alquiler.

En 2023, con el salto inflacionario de diciembre, los jubilados y pensionados tuvieron una pérdida de entre 14,2% -en el caso de los que percibieron el bono para los haberes mínimos- y el 32,3% para los haberes medios y más altos. Y en enero y febrero de 2024 percibieron lo mismo que en diciembre, con una inflación en esos dos meses del 45%.

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Desde el comienzo de su mandato, el libertario llevó a cabo una brutal devaluación -la segunda más drástica en la historia del país- de un 54%, cuyo efecto sobre la inflación y los bolsillos de los trabajadores fue inmediato, con un indiscriminado aumento del costo de vida y salarios que no acompañaron tremenda suba.

En ese sentido, según datos de la organización rosarina Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), los salarios del sector privado registrado cayeron un 11%, los del sector no registrado se retrajeron al 14%, mientras que la pérdida para los asalariados estatales alcanzó el 16%. Incluyendo todos los rubros, el deterioro fue de $ 1.128.278.000.000.

En efecto, por la transferencia de ingresos, lo que se traduce en una licuación salarial, el valor perdido total es de $1.652.611.000.000. La mayor parte de esos 1,65 billones fue ganancia adicional para exportadores, alimenticias, energéticas y otras, quienes incrementaron notablemente su riqueza.

Con ello, también se vio visiblemente desfinanciado el Estado -promesa de campaña y caballo de batalla de la retórica del Gobierno- cuya recaudación por aportes y contribuciones de trabajadores y patronales, que constituye el principal ingreso fiscal, bajó $390.202.000.000. También incidió sobre esto el retroceso en el consumo por la fuerte caída salarial.

Otro sistema notoriamente afectado resultó el de salud. Al respecto, la pérdida de los ingresos por parte de las obras sociales alcanzó los $109.744.000.000, lo que conlleva a una pérdida de financiamiento para estas entidades, que dependen en gran medida de las contribuciones realizadas por trabajadores y empleadores.

Por último, la medición reflejó que otro sector clave que se ve perjudicado son los sindicatos, carne de cañón para La Libertad Avanza. $24.388.000.000 cayeron los ingresos para los gremios, cuya sostenibilidad se relaciona con el aporte de los trabajadores a la cuota sindical, eje del salario.

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