En una semana que se perfila clave para la economía argentina, el Gobierno deberá decidir su postura frente al Fondo Monetario Internacional, en el marco del primer vencimiento del año: una amortización de capital de 731 millones de dólares.
Hasta el momento sólo hay especulaciones al respecto y ninguna confirmación. En las últimas semanas las negociaciones parecieron empantanarse lo cual complejiza la situación ya que mientras el tiempo corre, las reservas podrían sufrir una fuerte retracción, mayor aún de la que ya vienen sufriendo por los coletazos de la volatilidad del mercado de cambios. Pero el panorama se pone aún peor: el 1 de febrero, la Argentina tiene que pagar más de u$s366 millones entre capital e intereses.
Las reservas netas, están en el nivel más bajo desde mayo de 2016 y el escenario se va tensando a medida que se acerca el 22 de marzo, la fecha del compromiso más alto. Además, este mes deben abonarse u$s68 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y u$s17 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más otras deudas por u$s45 millones.
Febrero será un poco más aliviado con montos totales por u$s792 millones. U$s372 millones corresponderán al FMI, u$s50 millones al BID, u$s4 millones al BIRF, u$s195 millones al Club de París y u$s107 millones a «otros pagos». La fecha límite para la mayoría de los economistas es marzo: el vencimiento será de u$s3199 millones.
Actualmente, el Gobierno negocia las bases de un acuerdo de facilidades extendidas con el staff del FMI, encabezado por la directora gerente, Kristalina Georgieva. Pero quien definirá finalmente si acepta ese entendimiento es el Directorio Ejecutivo del organismo, integrado por 24 representantes de países miembros, cuyo número de votos está basado en la cuota que cada uno aporta. El país con mayor peso dentro del organismo es Estados Unidos, que cuenta con el 16,5% de los votos totales. En nuestro país el acuerdo tampoco será automático: deberá ser refrendado por una ley votada por el Congreso, según lo dispone la Ley 27.612, aprobada en febrero de 2021.
Es decir, que aunque se firme un acuerdo habrá que cumplir una serie de pasos que podría evitar el pago de marzo pero no estarán exentos de incertidumbre que genere saltos cambiarios. Si bien el Banco Central podría afrontar con dificultad los pagos de enero y febrero, no podría suceder lo mismo en marzo.
En 2022 vencen unos 19.100 millones de dólares en pagos de capital e intereses. Si no se logra un nuevo programa a 10 años con revisión de sobretasas, el Gobierno deberá pagar 19.300 millones de dólares en 2023 y 4.900 millones de dólares en 2024.
Si bien no se considera que la Argentina podría caer en default en caso de no efectuar el pago este viernes, si se considerará como un «atraso» y pone en una situación aún más compleja al gobierno en su capacidad de negociación. El próximo viernes, podría ser histórico – o no- en la Argentina.
