No hay paz sin justicia. Tiempo atrás alguien dijo que la “paz” es un fruto que sabe dar un árbol que se llama “justicia”. La justicia es el trabajo; la paz, será el resultado.
El tema de la paz está siendo notablemente recurrente. Las expectativas respecto de este fin de año están llenas de inquietudes e incertidumbre respecto del clima social que se vive y que se vivirá en estos días.
La ausencia de guerra (en términos clásicos) no se presenta como suficiente a la hora de hablar de paz social en nuestro país, porque la vida de las personas transita por muy variados carriles y alcanza un amplio espectro de derechos-deberes que se entienden esenciales hoy desde el punto de vista de la dignidad de la persona humana.
El derecho a una vivienda digna o a trabajar, a estudiar o a la salud, están entrelazados con el deber de no discriminar a nadie, a respetar las libertades ajenas y a permitir que los demás ejerzan también los mismos derechos que a cada uno se le reconocen individualmente.
Y convengamos en que el Estado tiene en todo esto, un papel fundamental. El gran custodio del orden público, el encargado de tutelar y perseguir el interés general no puede hacerse el desentendido ni mirar para otro lado cuando estas cuestiones están en juego, porque esa misma es la razón de su existencia. Las personas que son objeto de su cuidado sostienen y mantienen esta estructura y deben recibir de ella aquello a lo que se encuentra comprometido.
Sin embargo, algunas acciones (y omisiones) del gobierno ponen en vilo los derechos de los argentinos al asignarle al Estado un rol que no genera las condiciones necesarias para que la paz sea un bien del que podamos gozar todos en igualdad de condiciones.
La cuestión de la (in)seguridad aparece generalmente como uno de los escenarios más aptos para ver este tema en acción. Pero no se puede descuidar la injusticia que genera la insuficiencia de recursos que sufre gran parte de la población (y no sólo los que no tienen o han perdido sus trabajos) en un país en el que, mucho se habla del gasto público pero poco se mencionan los recursos propios -de todos pero que aprovechan algunos- mal distribuidos o asignados per cápita (cuenta que, por cierto, variaría mucho el resultado final).
A su vez, la jactancia de alimentar a 400 millones de personas en el mundo (como se suele escuchar) también genera violencia, desde que miles de argentinos no disponen lo básico para una vida digna, incluso muchos tampoco la alimentación mínima para la subsistencia.
Y de nuevo, este discurso que nos coloca –como pueblo- en la posición de ser siempre responsables de todo lo malo, pero nunca recibir el rédito por nada; de ser siempre culpables de los daños y, sin embargo, no tener registro de haber decidido jamás tomar las decisiones que los provocaron. Las penas siempre son nuestras, y las vacas de los otros.
No parece que eso sea justicia. Y la verdad es que resulta difícil imaginar un clima de paz donde no hay justicia. Sembrar acciones de justicia traerá las condiciones de paz que necesitamos. Pretender desafiar la paciencia y la dignidad de nuestro pueblo forzándolo y llevándolo a situaciones de fragilidad extrema de sus derechos, no será más que sembrar vientos, y habremos de cosechar tempestades.
Fundación Pueblos del Sur
