Universidades al límite: 35,7% de pérdida salarial, 99% de recorte en extensión y un presupuesto 31,4% menor al que dicta la ley

El sistema universitario nacional atraviesa una de las crisis financieras más agudas de las últimas décadas. En el marco de una política general de ajuste fiscal, las transferencias del Estado para la educación superior registraron una caída significativa en términos reales durante 2024 y 2025, afectando de manera directa el funcionamiento institucional y la vida de sus trabajadores. Según un análisis detallado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, el deterioro acumulado del financiamiento en este período alcanzó el 28,9%.

Lejos de la narrativa oficial que pone el foco en supuestos «gastos superfluos», los datos demuestran que el grueso del recorte ha sido soportado por los trabajadores. Dado que los salarios docentes y no docentes representan el 87,9% del presupuesto universitario, cualquier ajuste de magnitud recae necesariamente sobre sus haberes.

Entre 2023 y 2025, las partidas destinadas a salarios docentes sufrieron una caída real del 30,5%, mientras que para el personal no docente la reducción fue del 24,5%. En términos de poder adquisitivo, la situación es crítica: se estima que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios han sufrido una pérdida de aproximadamente el 35,7%. Para cumplir con la ley de financiamiento vigente (Ley 27.795), el salario de un docente debería incrementarse hoy un 55,5% solo para recuperar el nivel que tenía al inicio de la gestión actual.

Ciencia y extensión: un desierto presupuestario

El desfinanciamiento no solo golpea los bolsillos, sino que desmantela áreas estratégicas para el desarrollo soberano. El rubro de «Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en Universidades» sufrió un recorte real del 76,9% entre 2023 y 2025. Aún más dramática es la situación de la extensión universitaria, cuyas partidas se desplomaron un 99,3%, virtualmente paralizando el vínculo de las casas de estudio con la comunidad.

Los hospitales universitarios, pilares de la salud pública, tampoco escaparon a la lógica del ajuste, aunque mostraron una variación nominal distinta, el presupuesto general del programa «Desarrollo de la Educación Superior» se redujo drásticamente en comparación con una inflación acumulada que alcanzó el 354% en el periodo analizado.

El conflicto legal y la nueva embestida oficial

El escenario actual está marcado por una fuerte disputa institucional. Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y el posterior rechazo del Congreso a dicho veto, la ley fue promulgada pero su aplicación permanece congelada por decisión del Poder Ejecutivo. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción de amparo que derivó en una medida cautelar dictada por el juez Enrique Cormick, quien calificó la situación de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta».

Sin embargo, la respuesta del Gobierno nacional el pasado 18 de febrero fue enviar un nuevo proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente. Este proyecto oficialista omite la recomposición de las pérdidas sufridas durante 2024 y consolida la reducción presupuestaria. De aprobarse esta iniciativa, el presupuesto para 2026 sería un 31,4% menor al que exige la ley actual, y la pérdida salarial real de los docentes podría profundizarse hasta alcanzar el 38% en agosto de 2026.

La universidad pública argentina, orgullo nacional y motor de ascenso social, se encuentra hoy en una encrucijada donde los números del ajuste fiscal chocan de frente contra el derecho a la educación y la producción de conocimiento científico.