Más beneficios para los sectores más acomodados. La baja en las retenciones para la exportación de soja y aceite comenzó a regir desde el primer día de 2018 y llevará al sector a ahorrarse 20 mil millones de pesos que debían tributar a lo largo de este año. El costo fiscal para el Estado será de 40 mil millones de pesos mientras que el ajuste en el pago de jubilaciones, pensiones y AUH llevó a un achique de 56 mil millones de pesos.
El Gobierno nacional arrancó el año con un nuevo gesto al campo y esta vez se puso en marcha una nueva baja en las retenciones a la soja. Las exportaciones pasarán a pagar 6 por ciento menos a finales de año, con una baja mensual del 0,5 por ciento en búsqueda de «revertir la caída en las ventas al exterior del complejo sojero».
La retención que tenía un porcentual entre el 27 y el 30 por ciento en el mes de diciembre llegará a estar entre el 15 y el 18 por ciento al cierre del próximo año. El costo fiscal de la medida está en torno a los 20.000 millones de pesos para el primer año, de los cuales unos 6.000 millones de pesos dejarán de recibir las provincias, a través del Fondo Federal Solidario, que distribuye el 30 por ciento de las retenciones a la soja.
Tal como establecen los decretos 1343/16 y 1025/17, el objetivo oficial es alcanzar un sistema de convergencia entre los porcentajes de retenciones para todos los subproductos del complejo sojero. Por eso, bajan las del poroto de soja y del aceite de soja; y se quitan las móviles al biodiesel, que están en poco más del 0 por ciento, y se reemplazan por retenciones fijas del 8 por ciento.
«Se hace necesaria una armonización entre los derechos de exportación del biodiesel y el de su principal materia prima, el aceite de soja, para alcanzar una convergencia entre los mismos», se planteó en los considerando del Decreto que estableció los valores de las retenciones a los subproductos de la soja.
Desde la oposición cuestionaron la baja en las retenciones a la soja, que tendrá un costo fiscal anual en torno a los 40.000 millones de pesos, a partir de 2019; mientras la nueva ley jubilatoria reduce los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, para tener un ahorro fiscal cercano a los 56.000 millones de pesos.
