El Ejecutivo dio marcha atrás y retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: ¿cuáles fueron los motivos?
El oficialismo busca debatir el proyecto en el recinto de Diputados el jueves y debe acelerar la conformación de comisiones.
El Gobierno nacional decidió retirar este martes el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil que había enviado al Congreso y anunció que presentará una nueva iniciativa con modificaciones, luego de detectar falta de consenso político en torno a uno de los puntos más sensibles del debate: la edad de imputabilidad.
La decisión se tomó a pocas horas de que el texto ingresara formalmente a la Cámara de Diputados, lo que generó sorpresa en el ámbito parlamentario. Según trascendió, el principal motivo fue que el proyecto fijaba la edad de imputabilidad penal en 13 años, una propuesta que no contaba con respaldo suficiente ni siquiera entre bloques aliados del oficialismo, donde el consenso mayoritario se ubicaba en 14 años, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.
Desde el Ejecutivo aclararon que no se trata de abandonar la reforma, sino de reformular el proyecto para aumentar sus posibilidades de aprobación. En ese sentido, el Gobierno trabaja en un nuevo texto que sería enviado en los próximos días, con cambios destinados a destrabar el debate legislativo y ordenar el tratamiento en comisiones.
La reforma del Régimen Penal Juvenil forma parte de una agenda más amplia vinculada a seguridad y política criminal, y busca reemplazar la legislación vigente, que data de la década del 80. El objetivo oficial es establecer un nuevo marco legal para los menores que cometen delitos, con un sistema diferenciado del de adultos.
Un proyecto con antecedentes recientes
El texto retirado no era una iniciativa completamente nueva. En líneas generales, se trataba de un proyecto muy similar al que había obtenido dictamen en mayo de 2025, aunque con una diferencia clave: en esta oportunidad, el Gobierno incorporó de manera explícita la asignación de fondos para garantizar la implementación efectiva de la ley.
En la versión anterior, el financiamiento quedaba sujeto a la decisión de la Jefatura de Gabinete, lo que había despertado cuestionamientos y la sospecha de que la norma pudiera quedar sin aplicación real. En cambio, el proyecto que ingresó esta semana incluía partidas presupuestarias específicas para los organismos encargados de su puesta en marcha.
Según el texto presentado, se preveía una asignación de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General de la Nación y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de asegurar recursos para el funcionamiento del nuevo régimen penal juvenil.
La edad de imputabilidad, en el centro del debate
Otro de los puntos centrales del proyecto era la modificación de la edad de imputabilidad penal, que pasaba de los 16 años vigentes a los 14 años. En ese aspecto, el contenido coincidía con el dictamen aprobado en 2025, aunque el debate político volvió a tensarse ante versiones iniciales que hablaban de una posible baja a los 13 años, escenario que finalmente terminó por trabar el consenso.
La discusión reavivó un debate histórico en la Argentina, con posiciones encontradas entre quienes sostienen la necesidad de actualizar el marco legal frente a delitos graves cometidos por menores y quienes advierten que una baja en la edad de imputabilidad no aborda las causas estructurales de la violencia, como la exclusión social, la falta de oportunidades y el debilitamiento de las políticas de contención.
Lo que viene
Desde el Ejecutivo insistieron en que el retiro del proyecto no implica abandonar la reforma, sino reordenar la iniciativa para volver a enviarla al Congreso con mayores acuerdos políticos. El nuevo texto sería presentado en los próximos días y buscará destrabar su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto.
Mientras tanto, la reforma del Régimen Penal Juvenil seguirá siendo uno de los ejes de discusión más sensibles de la agenda legislativa, con fuerte impacto político y social.