Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. La medida fue tomada por decisión de mayoría, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el caso de Luis Muiña (Expte “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”) por tratarse de la ley “más benigna”.

La ley 24.390 –conocida como el beneficio del 2×1–, derogada el pasado martes, estuvo vigente entre los años 1994 y 2001. Permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme. De esta forma, las penas se pueden reducir de una manera notable.

En este marco, Jorge Henn, diputado provincial por el radicalismo, se manifestó en relación al polémico fallo.»Quiero expedirme acerca de este 2×1 que tiene un contexto político y también del bochornoso silencio del radicalismo, partido que tiene una historia en defensa de los derechos humanos y que evidentemente debe hacer su autocrítica», manifestó.

«Es que esto los invita a volver a sus casas, vivir sus días con las mismas comodidades de quienes no hicieron nada, de quien no purgan responsabilidades, de quienes no torturaron ni desaparecieron cuerpos», criticó duramente.

Asimismo, señaló las consecuencias que trae esta decisión de la Corte. «Quiero discutir la gravedad del fallo. La asimilación en cuanto a los beneficios y las prerrogativas que ofrece el derecho penal de un delito común y uno de lesa humanidad, genera todo un andamiaje jurídico cuyas consecuencias las vamos a ver en los próximos días», advirtió Henn.

«El fallo es un retroceso institucional con mucha gravitación», remarcó el diputado.

En este orden, también criticó la postura de algunos referentes y funcionarios: «Algunos están más preocupados por la agenda electoral. Desde el radicalismo en su esencia vamos a hacer muchos los que vamos a salir a repudiar este fallo y a plantear la necesidad de instancias de apelación en organismos internacionales».

Y apuntó al gobierno al decir que «no sólo persiguen el fin de la prisión de los genocidas, sino que avanzan en un plan económico de ajuste que pretende que paguen sólo los sectores trabajadores».

Situación en Sancor

El diputado provincial también se refirió a la situación que atraviesa Sancor en la provincia y al reciente principio de acuerdo que podría volver a hacer funcionar a la cooperativa.

«Lo de Sancor no es nuevo. Lo mismo ocurrió con Milkaut, conflicto que terminó provocando un escenario político, donde la empresa dejó de ser cooperativa y donde el formato utilizado agravió de manera tal que hubo precios bajos para nuestros productores y precios altos para las góndolas», expresó.

Además, destacó que «los protagonistas que vaciaron la empresa son funcionarios que hoy forman parte del gobierno nacional». «Nos hace ruido de que estos sean los actores que quieran defender a Sancor desde el punto de vista de su capital cooperativo y en defensa de los trabajadores», agregó.

«A Sancor hay que defenderla no sólo ahora, sino con una política que tenga en cuenta la cadena de valor y una política a mediano y largo plazo y no circunstancial, porque sino termina siendo una estrategia», cerró.