El fiscal del caso Adorni consideró que no hay elementos suficientes para acusarlo de enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deje de tramiterse como un presunto caso de erniquecimiento ilícito y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.

Cabe aclarar que la decisión no implica un sobreseimiento, ya que aun hay sospechas sobre los ingresos, dólares en efectivo, pagos y activos virtuales que habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante estos años. No obstante, para el fiscal podrían encueadrar en una evasión de impuestos.

“Se solicita que declare la incompetencia de este fuero por razón de la materia, en los términos del art. 35 del Código Procesal Penal de la Nación, y disponga la remisión de las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, a fin de que se desinsacule el juzgado que deba intervenir”, sostiene el dictamen presentado por Pollicita.

El posicionamiento de Pollicita se fijó en el expediente iniciado tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y ahora debe ser analizado por el juez de la causa, Ariel Lijo.

La pesquisa analizó el patrimonio del entonces funcionario durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

La Fiscalía había detectado gastos por USD 402.578,12, de los cuales USD 374.081,66 furton ejecutados en efectivo, además de una diferencia de $43.068.549 entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período bajo evaluación.

Entre los desembolsos que analizó la Justicia figuraron pagos por la compra de un lote en el Country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura del inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, una parte de esas operacioens se efectuó fuera del sistema bancario o mediante terceros.

Adorni contestó a la intimación patrimonial con una argumentación centrada en una inversión previa en Bitcoin. La defensa aseguró que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras llegaron cerca de los USD 200.000 y que la liquidación de esos activos produjo USD 591.544,61, conservados posteriormente en efectivo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita entendió que ese descargo no pudo ser refutado con los elementos disponibles hasta el momento. La clave jurídica estaría en que la figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento apreciable e injustificado se produzca después de la asunción de un cargo público. En este caso, la hipótesis presentada por la defensa ubica el origen de los fondos varios años antes de diciembre de 2023.