El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que la Argentina «tiene que ir a un ingreso universal de base» y reconvertir programas sociales en trabajo, pero aclaró que en la actualidad «no hay condiciones fiscales para hacerlo».

«Creo que la Argentina tiene que ir a un ingreso universal de base. No es que lo creo yo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo está haciendo Alemania, Israel. Es un debate en América Latina», remarcó el funcionario nacional.

En ese sentido, el titular de la cartera social subrayó: «Es establecer un esquema de criterio de ingreso de base con contraprestaciones laborales para reconvertir programas sociales en trabajo. Hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero sí es un debate que hay que darse en los próximos años, que tiene que ver con que el Estado acompañe en una primera etapa».

«Es el debate en el mundo el esquema de universalizar y en la Argentina es el debate que tenemos que encarar en los próximos tiempos. Objetivamente, no hay condiciones fiscales para hacerlo en el corto plazo», insistió Arroyo.

En declaraciones radiales, el ministro se refirió también a la problemática de la pobreza en el país, que afecta principalmente a los niños, dado que según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 64,6 por ciento se encuentra en esa situación, agravada por la pandemia.

Esas estadísticas también señalaron que las condiciones de vida de los trabajadores urbanos de la Argentina tuvieron en 2020 un marcado deterioro con una caída de sus ingresos en términos reales, al punto que el 27,4% del total estuvo debajo de la línea de pobreza y, por primera vez, más de la mitad se desempeñó en la informalidad.

En ese escenario, Arroyo remarcó que «la salida de la pobreza tiene que ver con ampliar la torta productiva, generar crecimiento económico y fomentar la inversión privada. Buscamos tener un equilibrio entre racionalidad económica y todos adentro».

«El mundo ha tomado políticas económicas de contención y acompañamiento», dijo tras manifestar que su gestión apunta a poder «combinar derechos y trabajo», ya que «para los próximos años nuestro gran desafío es fomentar la inversión privada y ampliar la torta productiva».