El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, ratificó hoy que el proyecto oficial para regular el financiamiento de los partidos políticos que enviará al Congreso propone habilitar a las empresas a que aporten para las campañas electorales, algo que actualmente está prohibido «pero se hace en negro».
«En 2009 se prohibieron los aportes a las campañas por parte de personas jurídicas y lo que continuó ocurriendo es que las empresas siguieron aportando pero en negro», sostuvo el funcionario nacional.
En declaraciones a Radio Continental, el integrante del Ministerio del Interior señaló que a pesar de que la ley actual lo prohíbe «las empresas siguieron aportando, pero eso no estaba declarado en ningún lugar».
«Nos parece un mal resultado visto diez años después. Queremos que haya habilitación de personas físicas y jurídicas, todo bancarizado y controlado por la Justicia», remarcó el ex diputado nacional.
Asimismo, Pérez precisó que en el proyecto de ley enviado al Congreso se fijan «límites» para esos aportes de empresas ya que «nadie puede aportar más del 2 por ciento del límite total que tiene una campaña».
«No puede haber una empresa que financie totalmente una campaña porque hay un límite por persona física o jurídica», ahondó.
El funcionario ratificó que se busca la «bancarización absoluta» de los aportes de campaña, «impidiendo aportes en efectivo» a fin de lograr mayor transparencia, tras la denuncia por irregularidades en el financiamiento de la última campaña de Cambiemos en Buenos Aires.
El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales explicó que se busca «controlar quiénes son los donantes con una identificación clara y fehaciente» y que para eso es importante la «eliminación del aporte en efectivo».
El proyecto que será enviado a la Cámara de Diputados forma parte de las reformas que planea introducir el Gobierno en el régimen electoral: en 2016, había intentado modificar el sistema de votación para pasar de la tradicional boleta en papel a la modalidad de Boleta Única Electrónica (BUE), aunque la propuesta finalmente quedó varada en el Senado por el rechazo de un grupo de gobernadores peronistas.
