El Gobierno prepara para el fin de esta semana un decreto que buscará delimitar sanciones para empresas exportadoras que no hayan liquidado divisas. Las acciones se aplicarán en el contexto de una escasez de dólares que obliga a impulsar herramientas concretas. El diagnóstico del que parte el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, es que el control cambiario para que se lleven a cabo este tipo de operaciones es una función primaria del Banco Central que dirige Miguel Pesce y cuyo sistema «tercerizado» en los bancos comerciales generó este efecto.
Así lo adelantó el portal Ámbito Financiero, que ya había compartido la semana pasada un documento proveniente de la AFIP-Aduana y Hacienda, donde quedaron expuestos los detalles de los incumplimientos registrados en la liquidación de un centenar de firmas (con un alto porcentaje de Sociedades por Acciones Simplificadas, destaca el medio citado) que suman en el período que va de 2019 a 2022 un total de 3.769 millones de dólares nunca ingresados al país.
Dicho portal indicó este lunes que tuvo acceso al borrador del decreto que saldría en los próximos días y contó que fijaría instrucciones al BCRA para que retome la función de contralor y a un monitoreo permanente y sistémico de las negociaciones de divisas de exportación.
El relevamiento elaborado por el Departamento de Planificación Estratégica del Riesgo dependiente de la Subdirección de Control Aduanero de la DGA que dirige Guillermo Michel, que se realiza de forma periódica, pasó por varios despachos y está dirigido a la presidencia del Banco Central, pero con copia a la máxima autoridad de la AFIP, Carlos Castagneto, y al propio Sergio Massa, con todo el ranking de incumplidores hasta el 18 de marzo de este año.
El período analizado tiene responsabilidades asignables y sostiene intrínsecamente críticas al exministro de Economía Martín Guzmán, tiempo en el que transcurrió la mayor parte de los incumplimientos.
Según especifica el periodista Gabriel Morini en Ámbito Financiero, del total, los incumplimientos acumularon u$s74 millones en 2019; treparon a u$s1.1144,54 millones en 2020; se redujeron a u$s865,52 en el 2021; volvieron a dispararse a u$s1.228,58 en 2022; y acumulan solo en el primer trimestre de este año u$s456 millones.
El destino de los montos involucrados terminan depositados en el exterior o reingresan vía CCL aprovechando la brecha cambiaria. El listado de empresas no solo está bajo la lupa de fiscalización sino también se elevó el informe a la UIF, con el propósito de iniciarles investigaciones por presunto lavado de dinero.
El ranking -siempre según el informe mencionado- está encabezado por firmas exportadoras donde la principal se recorta en la cima con u$s692.487.264, seguida de lejos por una cerealera con u$s89.921.939 no liquidados y con alimenticias, energéticas, pesqueras, curtiembres, ganaderas y SAS, uno de los ejemplos de sociedades de este tipo que componen un grupo amplio de los involucrados en el total del ranking al que tuvo acceso Ámbito.
Los nombres -sostiene Morini- no son un secreto. Por diversas irregularidades que implican estos incumplimientos, una porción importante de las firmas ya habían sido suspendidas del mercado de cambios para evitar operatorias ligadas a los montos no liquidados de divisas. De hecho, existe una causa penal iniciada en el fuero penal económico por la infracción del régimen penal cambiario.
Decreto en ciernes
Al mismo tiempo que salió a la luz el conjunto de medidas anunciadas por Massa para reforzar la entrada de divisas, el equipo del Ministerio de Economía busca mecanismos para apuntalar las sanciones por incumplimientos. Esto, en lo conceptual, también implica reafirmar la potestad de control delegada por el BCRA, lo que políticamente constituye un torniquete del titular del Palacio de Hacienda sobre Miguel Pesce. A nivel interno, el equipo económico cuestiona la falta de controles que -entienden- generaron el vacío que hoy aparece como un problema.
Impulsado por Aduana, el informe terminará por cristalizar una información que no era contrastada con la operatoria de liquidación. Por esto, el borrador se trabajó durante el fin de semana largo y podría conocerse en el transcurso de la semana.
Ese primer escrito sobre el que se está trabajando plantea que el Banco Central efectúe en los próximos 10 días una revisión y actualización del sistema «Seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes» y actualice el padrón de empresas incumplidoras, quitándole a los bancos comerciales el monitoreo de las liquidaciones.
En esa línea, instruye al Banco Central a que también incorpore el seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes dentro de los sistemas de AFIP, en «Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior para poder espejarlo con lo que se realiza para las SIRA a nivel de importaciones».
Le exige además al BCRA compartir el padrón de incumplidores con AFIP y con la Secretaría de Agricultura para fines sancionatorios: por un lado AFIP podrá suspender el CUIT basado en el artículo 35 inciso «h» de la Ley 11.683; la Dirección General de Aduanas podrá suspenderlo del registro de importadores y exportadores, medida prevista en el Código Aduanero; y Agricultura tiene la posibilidad de disponer la suspensión preventiva del Registro Único de la Cadena Agroindustrial.
En sincronía con eso, el BCRA tendrá el deber de notificar automáticamente a la UIF para que se inicien actuaciones ante la sospecha de lavado. Todo el combo de medidas está bajo estudio y ocupa un lugar en el escritorio del presidente Alberto Fernández. El decreto, que intentará ajustar la liquidación y desincentivar la maniobra, saldrá publicado en cuestión de días.
