Por Aldo Batisacco desde Buenos Aires

El fracaso estaba cantado, la previa a la sesión del pasado miércoles en la Cámara baja mostró a muchos diputados del Frente Renovador descontentos con la idea de aprobar el proyecto de la coalición oficialista Cambiemos, conocido como  régimen de participación público privada (PPP), concebido como una nueva herramienta para la contratación de obra pública. La iniciativa había pasado por comisiones para su análisis, sin embargo, las dudas que quedaron fueron muchas. Así, al prosperar en el recinto la moción del Frente para la Victoria de que la votación sea nominal -asentida por el presidente del cuerpo Emilio Monzó- para que el proyecto vuelva a debatirse en comisión, contó con el apoyo de la bancada del  Frente Renovador y de parte del bloque PJ, de Diego Bossio.

El proyecto de ley fue presentado para “atraer inversiones y reactivar obras de infraestructura”, no obstante a poco de profundizar el texto de la iniciativa, las objeciones se hicieron sentir por parte del los legisladores de la oposición, que entendieron que promovía cierto “descuido de las pymes locales”, “la extranjerización y la privatización” de “áreas críticas de la economía”. Entre los diputados que adelantaron su reserva sobre la aprobación de la ley se encontraba el ex titular de la UIA y actual presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados José Ignacio de Mendiguren, quien en diálogo con Conclusión precisó cuales eran puntos que debían ser revisados para darle viabilidad al proyecto.

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Diputado José Ignacio de Mendiguren

El diputado de Mendiguren, explicó que la iniciativa “merece modificaciones y no se puede aprobar, porque este régimen que funciona en muchos países del mundo es utilizado excepcionalmente”, porque “la normal es el tipo de contratación que prevén las leyes del Estado, el proyecto del oficialismo es muy amplio y abarcativo, permite abordar la construcción de una estación de servicio hasta una destilería. Tampoco se prevé la participación de las empresas nacionales y las pymes, como se establece en todos los países del mundo desarrollado en las que tienen una preferencia por medio de una ley de compre nacional, sino de un porcentual de participación dentro del proyecto que se ejecuta”, y añadió “es muy claro que con un régimen de preferencia con empresas del sudeste asiático, las empresas argentinas quedarían afuera de grandes proyectos de infraestructura que el Gobierno esta anunciando”.

Además, el legislador agregó respecto de los privilegios que otorga la ley , y dijo que “la garantía que ofrece el Estado tiene que limitarse, no se puede garantizar la rentabilidad, y salir de garante de los créditos internacionales que tome el sector privado, porque los empresarios deben asumir el riesgo de los emprendimientos que encaran”.

Seguidamente, el parlamentario especificó que “otra de las objeciones giró en torno a la delegación de jurisdicciones porque se da lugar a tribunales extranjeros -pero lo mas importante- es que en un plan de esta naturaleza es clave que haya derrame interno en el país. Un ejemplo son los Estados unidos que tiene sectores de preferencia en temas como la seguridad, dado que no pueden ingresar a su territorio empresas extranjeras, porque se la reserva a la industria norteamericana. Para que la avanzada tecnológica se desarrolle en ese país. Esta ley de Participación Público Privado no prevé nada de esto, por este motivo vamos a trabajar para mejorar e incorporarle esta reforma”.

Respecto del impacto en la economía De Mendiguren señaló a este medio que “sería bueno siendo un sistema especial para que determinadas obras puedan apartarse del régimen normal de contratación del Estado. Pero será necesario darle mucha transparencia y saber que aspectos se deben incorporar y cuales no, como también tiene que precisar un monto mínimo porque no sería apropiado para obras de escasa envergadura, por eso proponemos que la autoridad de aplicación tenga que justificar porque una determinada inversión tiene que alejarse del régimen general de contrataciones del Estado. Y no como lo propone el proyecto que practicamente el organismo del Estado decide que proyecto y cual no se hacia bajo este régimen”.

Consultado acerca cual sería el riesgo cuando el financiamiento es externo e interviene una empresa y un banco de la misma nacionalidad, el ex titular de la UIA señaló que “esta incorporado en el proyecto que una de las características con la cual se puede acreditar una inversión, es el financiamiento que traen, y hemos tenido experiencias donde a veces se trataba de una tasa muy alta y se compraban productos que no entraban en competencia, eso se pagaba dos veces, es mas caro porque no hay competencia y al valor de una tasa no promocionada”.

Otro de los aspectos que merecen cuestionamiento es que se faculta a la operación que se haga bajo este régimen a salir de la ley nacional, por caso el Código Civil, porque se le permite fijar tarifas en dólares, que no se puede convertir a pesos, y esto si está normado en la legislación de Argentina, además, permite la indexación de los contratos que hoy esta prohibida por la ley de la convertibilidad, por este motivo, es un régimen muy especial que debe ser de excepción y no tan generalizado”.

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Sesión del 26-10-2016

Preguntado De Mendiguren, si quien explote una obra también puede ser su dueño, que riesgo acarrearía, contestó “estaríamos frente a una privatización porque este proyecto de ley le otorga facultades para fijar el contrato, establecer condiciones, el pago, etc.  Así, este régimen podría traer perfectamente privatizaciones encubiertas, es decir, que una planta eólica para generar energía no tendría competencia, hasta permite el proyecto del oficialismo fijar tarifa por 20 o 30 años y garantizar una rentabilidad mínima a los contratos. Por estas razones, este proyecto merece un tratamiento más profundo y exhaustivo”.

En relación a la mano de obra nacional, el presidente de la Comisión de Industria de la Cámara baja se comprometió a “pedir que el régimen de trabajo sea evaluado por la órgano de aplicación con un informe concreto sobre  las condiciones del empleo de los trabajadores argentinos con estas empresas en caso que el proyecto sea aprobado”.

Por último, este medio preguntó a Ignacio De Mendiguren porque en ningún capítulo del proyecto de Cambiemos menciona a las Pymes nacionales y cual sería el costo para la pequeña y mediana empresa, precisó que “no están consideradas ni tenidas en cuenta en el proyecto y por ello pedimos que se incorporen al texto de la ley, el oficialismo ha dicho que lo hará, pero la prioridad es que vuelva al Senado con las modificaciones que queremos darle, y recién allí daremos crédito de lo que se comprometen y de cual es el verdadero interés del gobierno de defender los intereses nacionales”, concluyó el referente del Frente Renovador.